El GLP nuestro de cada día

En estos últimos días se han presentado, por enésima vez, restricciones en el abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP), principalmente en el sector vehicular, en el que hay 650,000 vehículos que lo usan. Como sucede en estas circunstancias, se produjo un incremento en el precio en el sector vehicular y domiciliario, donde se usa el GLP (envasado en balones de 10 kg) en el 74% de los hogares. 

El malestar en los consumidores ha sido enorme, pero como el Ejecutivo ya internalizó la idea de que es impopular, no ha sido un tema que le signifique mayor preocupación; menos intentarán encaminar un derrotero de solución, que no es nada fácil de implementar. Esa solución excede el tema meramente técnico, pues involucra a la cadena comercial, un problema social que comprende a miles de familias que tienen un medio de subsistencia en la actividad. 

El abastecimiento del mercado nacional se realiza en un 64% con producción local (lotes 88, 56 y 57) y 36% con importaciones. La tendencia es el incremento de la demanda, que será cubierta por la importación dada la producción declinante de los yacimientos existentes.

El origen de las carencias está en la falta de almacenamiento que cubra 15 días de demanda, que es lo que originalmente se había establecido desde el año 1994 (DS-01-94-EM). En los 29 años transcurridos se ha mantenido la exigencia con algunas flexibilizaciones y suspensiones transitorias para dar facilidades para el cumplimiento de las empresas (DS-015-2015-EM). Sin embargo, la realidad es que a la fecha, en promedio, se tiene capacidad para atender solo cinco días de demanda, ante la indiferencia gubernamental.

Las contingencias que generan desabastecimiento son diversas: mantenimiento programado o correctivo en el origen de la producción (Planta de Separación de Malvinas), paradas en la recepción y distribución costera (Planta de Fraccionamiento de Pisco), oleajes anómalos que no permiten desembarcos en el centro de acopio nacional (terminales de desembarco en Callao) o dificultades en el suministro internacional ya sea por problemas en la Costa del Golfo de México o en el Canal de Panamá. 

Ante tantas posibilidades de afectación al suministro normal, contar con capacidad de almacenamiento para por lo menos 15 días resulta ineludible. Los agentes del mercado sacan diversos argumentos de la galera para justificar la postergación de inversiones, ante autoridades sin autoridad y sin ninguna propuesta. Frente a eso el Congreso toma iniciativas como para la época: que el Estado se haga cargo, con la complicidad de las bancadas que se dicen defensoras del modelo económico. 

A la fecha hay una posición mayoritaria en la Comisión de Energía del Legislativo para crear la Agencia de Inventarios de Combustibles, “empresa estatal de derecho privado” la llaman. La idea es que esta invierta en infraestructura de almacenamiento a costo hundido, con recursos del consumidor. En buen romance, el ciudadano paga lo que el privado no quiere hacer porque las cifras no le cierran. 

El último argumento utilizado por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos es que al intervenir el Gobierno en el precio vía Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) los limita en la disponibilidad de recursos para hacer inversiones. Un par de comentarios sobre el particular: 1) el FEPC existe desde el 2004, es decir 10 años después que se establecieron los 15 días, y 2) el mercado tiene un alto grado de concentración que les permite amplia discrecionalidad en el manejo de precios. 

Refiero los precios en soles por cada balón de 10 kg. Según las estadísticas del Osinergmin de hace tres días, la cotización de la producción local incluidos impuestos, puesta en el Callao es de 19.01 soles, mientras que la importación (incluido margen comercial) es de 22.73 soles. A pesar de que el abastecimiento local es de 64% del total, el precio que marca el inicio de la cadena comercial es el importado. Nada fácil pero no imposible de solucionar el problema con mecanismos de mercado, que los trataré en otro artículo.

Mucho discurso ministerial desde Energía y Minas y Economía y Finanzas, pero ningún planteamiento de solución. Sigue vigente esa frase que se atribuye al expresidente Fernando Belaunde: “Explicaciones para todo, soluciones para nada”.