El Estado es el gran problema

Por si fuera necesario, hemos tenido que vivir la dura crudeza de esta crisis sanitaria mundial –aún en proceso– para constatar por enésima vez la pésima gestión que el Estado peruano perpetra al administrar los recursos de todos los ciudadanos. En especial en lo que respecta a los servicios que el Estado brinda en la red de salud bajo su administración, pese al enorme esfuerzo realizado por personal médico y paramédico, que debemos reconocer y recompensar, la responsabilidad de los políticos a cargo linda con la negligencia criminal, si es que no se encuentra plenamente identificada bajo tal descripción.

Los datos de la realidad son contundentes. Sin embargo, hay algunos jóvenes, y otros no tan jóvenes pero al parecer bastante «olvidadizos », que aseguran que todo iría mejor si no existiese entidades privadas en el sector salud y todo fuese estatal. Los primeros no saben porque no quieren enterarse, y los segundos porque «olvidan» lo que sucedió en nuestro Perú entre 1968 y 1990, cuando imperó el nefasto modelo estatista de la dictadura militar, que ni Haya en 1978, ni Belaunde en 1980, ni García en 1985 fueron capaces de desactivar. La experiencia estatista salvaje la vivimos en todo orden de cosas, y llevó a nuestro país al fondo del abismo de la inviabilidad. Salir de allí nos costó mucho esfuerzo y sacrificio a todos en los años noventa. 

Diversos operadores políticos de izquierdas pretenden volver a 1990. Critican ferozmente el primer Gobierno de García, pero proponen las mismas recetas, con la irresponsable y criminal ilusión de que a ellos sí les va a funcionar. Debemos estar alertas: el presidente Vizcarra ya se ha percatado de que ese no es el camino, pero luce políticamente atrapado, sin aparente salida. 

Desde diversos y coordinados espacios de la gran red mediática en la que operan estatistas y mercantilistas (dos caras de la misma canalla moneda) se quiere vender la falsa especie de que en el «neoliberalismo» encontramos al responsable de lo que estamos viviendo. No quieren darse cuenta de que por primera vez en la historia, nuestro país cuenta con recursos financieros suficientes para hacer frente a una crisis de tan gran magnitud; pero los políticos que administran el Estado han dilapidado miserablemente esos recursos y han fracasado ruidosamente.

Es increíble que se pretenda decir que empresas privadas farmaceúticas son responsables de la escasez y alza de precios en medicamentos. Seguramente hay más de un especulador que merecerla una condena pública en momentos de urgencia como estos. Sin embargo, nada de esto debería estar sucediendo si los políticos y burócratas en altos puestos de la administración estatal hubiesen hecho un trabajo mínimamente eficaz. El Estado peruano cuenta con 800 farmacias bajo su control, atendiendo el 70% de las prescripciones médicas en nuestro país. Todo estaba dado para que una gestión eficaz impidiese la escasez y la carestía. Pero fueron absolutamente incapaces de hacerlo. Solo este caso grafica plenamente la ineptitud estatal.

Es por ello que esta semana, la noticia de un convenio Gobierno a Gobierno entre Perú y Reino Unido permite asignar a los británicos la responsabilidad operativa de conducir el gran proyecto de la reconstrucción del Norte peruano, gravemente afectado por el fenómeno de El Niño costero en 2016 (¡hace cuatro años!). Sucesivos intentos desde el Gobierno central peruano fracasaron uno tras otro. El presidente Vizcarra ha reconocido la incapacidad de hacer funcionar eficazmente el aparato estatal, más allá de toda la voluntad para hacerlo. Ha elegido una solución «fuera del cuadro» que nos da a conocer una vez más la dura realidad de la inepcia estatal.

¿Ese es el estado peruano «totalizante» que va a dirigir el proceso de reactivación económica? Imposible. El Estado debe devolver a la sociedad civil el protagonismo de la reactivación. Veamos también qué hace un Estado como el británico y lo hace bien, puesto que estamos delegando en él la gran responsabilidad de reconducir exitosamente la reconstrucción del norte peruano. Hagamos responsablemente lo que tenga mayor probabilidad de éxito, y no insistamos en fracasadas recetas de estatismo salvaje que a nada conducen, salvo al caos y la represión.

Dejo una pregunta en la línea de lo que debemos hacer en esa reactivación (léase, en ciertos casos, reconstrucción) : ¿Por qué Essalud es estatal? ¿Por qué debe seguir siéndolo? Los aportantes deben ser quienes decidan su gestión y no el Estado. Podríamos intentar –en lo que resulte aplicable– una gobernanza inspirada en la que tienen las cajas municipales de ahorro y crédito (la de Arequipa es verdaderamente ejemplar), sin permitir que los políticos en el poder del Estado hagan y deshagan a su antojo. ¿Por qué no?