Carlos Hakansson
El combo viene completo
Las polémicas propuestas para adelantar las elecciones generales

La fallida votación congresal para confirmar la reforma constitucional de adelanto de elecciones produce consecuencias y especulaciones que no podemos perder de vista. La primera es que el mandato presidencial culminará en julio de 2026; sin embargo, la coyuntura resulta más compleja. El apoyo de los gobiernos vecinos tiene coincidencias ideológicas con el expresidente Pedro Castillo, sumado al interés del narcotráfico y minería ilegal para recuperar sus fueros perdidos financiando turbas y atentados con el falaz argumento del derecho a la protesta. Todo lo anterior sumado a las bancadas parlamentarias que proponen la renuncia presidencial, cambio de la Mesa Directiva y convocatoria de una asamblea constituyente.
El segundo escenario surge a partir de una reconsideración a la votación del pasado viernes 27 de marzo para adelantar las elecciones. Si se aprueban para octubre de 2023 se pretende que haya pocos contendores para ganar ventaja, pero con el riesgo de una primera vuelta de resultados imprevisibles y una segunda tan polarizada como en junio de 2021. Además, tampoco habría tiempo suficiente para realizar ajustes a las normas constitucionales y electorales. Si el adelanto fuera para abril de 2024 las condiciones serían más favorables para las reformas, pero sin la garantía de un proceso en condiciones de estabilidad política para su discusión.
El tercer escenario fue creado por la propia presidencia de la República en un mensaje a la nación. Si la reconsideración del Congreso no define la fecha de adelanto de elecciones, el ejecutivo presentará sendos proyectos de ley. Uno de ellos insistiendo en el adelanto para octubre de 2023. El otro planteando una reforma total a la Constitución de 1993. Una propuesta que en la práctica estará condicionada a la futura composición parlamentaria, con voluntad política para realizar la reforma total o su decisión para derogar la ley que la propone.
El cuarto escenario surge en caso que la presidenta de la República decida presentar su renuncia al cargo, para que el titular del Congreso asuma la presidencia transitoria y que convoque elecciones. La formación, perfil y trayectoria del actual titular del Congreso sugiere pensar que restablecerá la autoridad y el orden. El problema es la débil institucionalidad para aceptar la sucesión presidencial prevista por la Constitución, pues, depende quién la ocupa y qué intereses políticos lo respaldan para conducir al ejecutivo. El erróneo proceder durante la crisis política de noviembre de 2020 terminó con la renuncia de Manuel Merino y el nombramiento de Francisco Sagasti como presidente transitorio, ambos titulares del Congreso, pero desconociendo al primero la regla constitucional que sí se aplicó al segundo (artículo 115 CP). Las consecuencias se siguen pagando hasta hoy.
El problema de fondo hace responsable a la clase política y no a la Constitución. El crecimiento económico debía estimular los beneficios de las libertades que son apreciables con el pleno empleo, el abaratamiento del crédito, reducción de impuestos y mejor infraestructura, con mejores servicios y políticas públicas que son la clave para fomentar iniciativas y oportunidades, siempre bajo un sólido Estado de Derecho que brinde un marco jurídico de protección a la persona y administre justicia con igualdad. Son las esperadas reformas de "segundo piso" que los últimos cuatro gobiernos se resistieron a implementar y cuyas consecuencias estamos viviendo.
En todos los escenarios previstos, los agitadores y activistas políticos siempre mantendrán el discurso para cambiar el régimen (léase, la Constitución) y abrazar el socialismo del Siglo XXI con todas sus consecuencias. La más importante es que no existe un ejemplo de país exitoso en la región donde sus recetas hayan funcionado. Los agitadores dentro y fuera del país tienen la última oportunidad para revivir al Estado interventor, clientelista que aúpa al mercantilismo y participa en la economía con empresas estatales deficitarias mantenidas por los ciudadanos que pagan sus impuestos. El combo viene completo.
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