Educación: una reforma que espera

Por una serie de razones, y en especial por no abordar en términos de necesidad e importancia el tratamiento a la pandemia, el Congreso negó la confianza al gabinete presidido por el señor Cateriano. No obstante, ciertos sectores de la prensa, a los que se sumaron algunas personas que –en clara intención de “defender” la continuidad del ministro de Educación– pretendieron azuzar una nueva confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, haciendo correr rumores sobre un inexistente chantaje al entonces presidente del Consejo de Ministros, realizado por congresistas de Acción Popular y Alianza Para el Progreso, que ponía en peligro la Reforma Universitaria. 

Sería el propio ex PCM y varios parlamentarios quienes desmentirían estas afirmaciones. A pesar de las acciones claras de manipulación de información, no debemos tomar el tema a la ligera; menos aún considerar que ya pasó, pues no existe reforma alguna que pueda ser afectada. Pero sí hay un evidente descontento con las decisiones del actual ministro de Educación, acusado de irregularidades en los procesos de licenciamiento de universidades cuando desempeñaba el cargo de superintendente de la Sunedu. Y también por su errónea gestión en la frustrada adquisición de un millón de tablets para ser utilizadas por estudiantes de las zonas rurales; con los consiguientes efectos negativos, que ahondarían más las brechas educativas, incrementándose la exclusión de los estudiantes de zonas alejadas. 

A puertas de la interpelación al ministro de Educación, valdría recordar que se trata de un sector en el que, en el actual periodo de gobierno, cinco de sus seis responsables, acompañados de algunos funcionarios, han tenido problemas bastante serios. En el caso de Saavedra y Benavides, fueron las erróneas adquisiciones de computadoras y tablets las que comprometieron su administración; mientras que Martens, Pablo y Alfaro, tuvieron responsabilidad en cuanto a la adquisición, impresión y distribución de textos escolares cuestionados por la “introducción” de la ideología de género e imprecisiones en cuanto al terrorismo. Adiciónese además a Martens, con un deficiente manejo de la huelga magisterial, cuyas consecuencias incidieron en la caída del primer gabinete de Kuczynski, deteriorando la relación con los maestros. Situación que fue corregida por Vexler y su equipo en el corto periodo de siete meses: se recuperó la autoridad ministerial y se dio curso a una serie de acciones que beneficiaron a los maestros, auxiliares, promotoras y personal administrativo del sector, recuperando además la confianza de padres y estudiantes. 

Los cambios de ministros comprometidos no trajeron abajo ninguna norma educativa. Por lo tanto, de operarse el cambio del actual, en tanto decisión del presidente, no debe preocuparnos; sí de las “equivocaciones” en la selección de reemplazantes, que no permiten corregir errores. Para superar estos impases de gestión es necesaria una reforma educativa descentralizadora que considere, junto a las exigencias actuales del mundo, las demandas e intereses de estudiantes, profesores, padres de familia; y que asumiendo la diversidad del país, se engarce con un Programa Nacional de Desarrollo. Es un asunto que reviste mucha importancia, especialmente en momentos que el país, junto al tratamiento del Covid-19, requiere estrategias para abordar la reactivación económica y la formación del capital humano necesario para revertir los graves estragos ocasionados por la pandemia y generar la paz que necesitamos.