¿Dónde está el policía?

Estoy seguro que todos ustedes rieron con esta película estrenada en 1988, dirigida por David Zucker y protagonizada por Leslie Nielsen y Priscila Presley. En esta comedia, que en inglés se llamó The Naked Gun, el incompetente teniente Frank Drebin, protagonizado por Nielsen, busca al jefe de una organización de narcotraficantes quienes habían dejado mal herido a su compañero Nordberg, protagonizado por O.J. Simpson. El teniente Drebin sospecha que el magnate naviero Vincent Ludwig es el jefe de dicha organización criminal; sin embargo, no cuenta con pruebas al respecto. Hasta que la asistente de Ludwig, Jane Spencer, interpretada por Priscila Presley, le da las pruebas que le permitirían atraparlo. 

Lo que también estoy seguro el día de hoy es que nadie puede estar contento o siquiera tranquilo con la seguridad ciudadana. Todos los días nos vemos en peligro constante ante el crimen. No solamente nos asaltan camino al trabajo, en el transporte público, manejando nuestros vehículos o caminando por la ciudad, sino que también se meten a nuestras casas a plena luz del día para robarnos y matarnos. La pregunta obligada ante este panorama es ¿qué está haciendo la autoridad ante este tsunami de delincuencia que nos afecta? La respuesta es: nada.

Basta escuchar las declaraciones del ministro del Interior, Avelino Guillén, cuando se le preguntó sobre las medidas urgentes y necesarias. Su respuesta como buen caviar fue: “Estamos evaluando las acciones a tomar”. Si creen que tengo un prejuicio contra los caviares, solamente les recuerdo que en declaraciones a la prensa, el 14 de diciembre del 2021, Guillen informó que su sector “está evaluando medidas más intensas para contrarrestar el sicariato y la extorsión en la región Callao”. Ya pasó más de un mes de dichas declaraciones, y las “medidas intensas” anunciadas todavía no han sido implementadas. 

Guillén no solamente se hace de la vista gorda ante los múltiples escándalos de corrupción, sino que además apoya –como ministro del Interior–, la designación como prefectos regionales de personas que forman parte del sindicato de profesores de Castillo, el Fenatep, quienes además tienen vínculos con el Movadef. Según Guillén: “Que sea integrante del SUTEP o de la CGTP es un tema que no entra en la evaluación. El hecho de que un profesor pretenda ser representante del Presidente, esa condición de maestro no lo invalida”.

Sin embargo, un gran número de estos prefectos ha participado en huelgas y marchas violentas contra el estado de derecho y son miembros de un sindicato con claras vinculaciones al Movadef, pero esto no preocupa a Guillén. Todo esto se hace más grave todavía cuando recordamos qué es un prefecto: una autoridad administrativa dependiente del Gobierno nacional, que rige los asuntos de la administración interna y de seguridad interna en el ámbito territorial que le es designado. Protege los intereses de la nación ante la posibilidad de desorden y anarquía de las autoridades locales. 

De aquí surge la pregunta: ¿cómo podemos colocar a agitadores sociales como garantes del orden? Estamos colocando al zorro a cuidar las gallinas. Tengo la impresión de que esta designación de prefectos tiene la intención de crear una red de ojos y oídos (entiéndase espías) en las regiones, para tener información de primera mano ante cualquier protesta que el Gobierno quiera alentar o manejar según sus intereses. Basta preguntarnos, a raíz de los hechos violentos en contra de los campamentos mineros que todos hemos sido testigos, ¿cuántos detenidos han habido? ¿Cuántos procesos penales ha iniciado la Fiscalía en contra de estos delincuentes? Sin miedo a equivocarme estoy seguro de que la respuesta es cero en ambos casos.

Este comportamiento de antifujimoristas como Guillén (quién fue el fiscal acusador en el caso contra Alberto Fujimori de La Cantuta y Barrios Altos) o de los caviares como Piero Corvetto, el jefe de la ONPE, quién ahora pide a los líderes de la oposición que se disculpen por osar hablar de fraude en las elecciones pasadas, no debería sorprendernos. Para ellos, su ideología tiene supremacía sobre el bien del país. No importa que tengamos el peor presidente de la historia republicana del Perú, con tal de que no sea una persona de derecha. No importa que los comunistas estén destruyendo los logros de los últimos 30 años, con tal de que Keiko Fujimori no llegue a la presidencia. 

La desgracia del Perú tiene dos aspectos. El primero radica en que los caviares han tomado el control de la mayoría y más importantes poderes del Estado. Además cuentan con el apoyo de un ejército de oenegés de izquierda (pagadas por el mismo Estado) que los defienden de manera absoluta e incondicional. Pero el otro aspecto, más grave todavía, es que el centro y la derecha que forman la oposición no son capaces de sumar esfuerzos y poner de lado sus intereses partidarios, para presentar un frente común.

En mi opinión, no tenemos un verdadero líder de oposición que nos dé una luz de esperanza ante el avasallador avance de los comunistas en el país. Necesitamos un patriota que tome la bandera de la lucha contra el comunismo, contra la corrupción y contra la destrucción de nuestras libertades, para que aglutine las fuerzas del bien en contra de la miseria y la pobreza que los comunistas quieren implantar en el Perú.

Recordemos lo que dijo el ya fallecido Marco Aurelio Denegri: “Cuando en el Perú el comunismo llegue a gobernar, será porque más del 50% de peruanos se encuentra en extrema pobreza mental”.