Raúl Mendoza Cánepa
Dina, ¡exprésate sobre la ley mordaza!
La Presidente debería observar cualquier proyecto que amenace la libertad de expresión

El Congreso pretende que quien “difame” a través de un medio “vaya efectivamente a prisión”. Es lo que puede ocurrir si se duplica el tiempo de la pena para tal delito. La difamación es atribuir a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación.
El honor tiene un valor individual y subjetivo, la libertad tiene un valor social, primordial y objetivo. Lo curioso es que quienes quieren resguardarse a costa de “periodistas presos” no son los que suelen recibir insultos y refutaciones toscas de sus televidentes y lectores (los propios periodistas que investigan y opinan), sino los congresistas de bancadas diversas que quieren un escudo para que no los toquen. Así, el político que se sienta amenazado por las afirmaciones que se lanzan al inicio de una investigación, podrán detenerla blandiendo el sable del miedo.
Lo que decepciona es escuchar a congresistas que creíamos comprometidos con la libertad, firmando un proyecto de ley que los pone a buen recaudo, que no se hable de ellos, que se tema hablar de ellos. Esto es, el poder fiscalizando a sus legítimos fiscalizadores. Si no fuera por la prensa (y la Fiscal de la Nación), Pedro Castillo seguiría gobernando y quizás ya el Perú sería una colonia castrochavista, y sin Congreso.
¿Quién inició las investigaciones sobre el expresidente Martín Vizcarra y Sinopharm? ¿Qué periodistas se fajaron investigando a Castillo y su séquito? Habría que decirlo, el más fuerte bastión desde la televisión fue Willax. Un pequeño canal de televisión y sus periodistas logrando lo que nadie logra en Nicaragua o lo que nadie logró en Venezuela chavista. No fueron las marchas en las calles, sino el buen periodismo, que por bueno no es acreedor.
Lamentable el papel de algunos congresistas en los que confiamos, porque finalmente representan a la clase política. Quieren reputación, allí la tendrán si el proyecto se aprueba. Sonará bizarro, pero si la presidenta Dina Boluarte y su primer ministro Alberto Otárola optan por la primacía de la libertad, deberían pronunciarse adelantando que observarán el proyecto precisamente porque ellos mismos sí se someten a las críticas, al escrutinio y hasta a la injuria porque de eso trata ser político y, más, si les pagamos con nuestros impuestos. Aunque no guste, si soy un contribuyente, congresistas como Gladys Echaiz o Roberto Chiabra y otros, son mis empleados, trabajan para mí. Eso ocurre en una democracia. Y si vale añadir, hasta las Renzo Costa salieron de nuestros bolsillos.
Presidenta Boluarte, existen las palabras perfectas para decirlo, dígalas: “Nosotros como gobierno, observaremos cualquier proyecto que amenace la libertad de expresión porque tener poder significa allanarse a toda investigación, a toda opinión y hasta al exceso que afecta nuestro honor, por eso estamos aquí”. Palabras de estadista.
Para los que asumimos racionalmente que los congresistas deben cumplir su período, el sentimiento es que se vayan y no volverlos a ver, salvo pocas excepciones.
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