Dina Boluarte y las cuerdas separadas

Parecería que la presidente Dina Boluarte no se percata de las razones del incremento de su desaprobación ni del magro respaldo a su gestión, que bordearía el 10%. Sucede que la economía y la política van de la mano, y el desfase entre una y otra tiene implicancias sociales, que se reflejan en el malestar de la ciudadanía.

En el pasado reciente, algunos analistas manifestaban que la política y la economía estaban funcionando a través de “cuerdas separadas”, tratando de explicar que, no obstante las crisis políticas, la economía seguía en azul (aunque a un ritmo de crecimiento menor). Que quede claro que las decisiones políticas impactan a toda la población y a sus respectivas actividades económicas. Desatender la dimensión política ha ocasionado la disminución de la velocidad de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) desde el 2011. Y la razón es que existen vasos comunicantes entre ambas.  

En la actualidad, la economía se encuentra en recesión, y lo más probable es que al cierre del 2023 se haya contraído en 0.4 por ciento. Es decir, durante los últimos doce meses el país ha generado menos ingresos que en 2022, habiéndose incrementado en el mismo período la población económicamente activa (PEA). En consecuencia, hay menor oferta de puestos de trabajo y mayor demanda.

Si las empresas que ofrecen puestos de trabajo son informales, el personal que incorporen carecerá de beneficios sociales y su remuneración será menor porque las empresas informales no generan recursos suficientes como para cumplir con la remuneración mínima vital.  “Lo tomas o lo dejas”, es la respuesta que usualmente recibe un trabajador informal, dado que no existen mayores opciones en una economía recesiva.

En la medida que el gobierno no genera confianza, las empresas formales postergan sus planes de inversión y buscan quedarse con el personal clave para garantizar su operatividad en un mercado donde la demanda interna es cada vez más reducida. Si la demanda interna se reduce, la única manera de romper el círculo vicioso es orientar nuestros mayores esfuerzos hacia el mercado externo, que demanda principalmente productos mineros, agroindustriales y pesqueros.

El gobierno no se percata de que los altos índices de desaprobación a su gestión responden tanto a la inseguridad ciudadana (que dificulta la recuperación del turismo nacional y receptivo) como al empobrecimiento generalizado.  El denominado Plan Boluarte, anunciado por Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, no está dando los resultados esperados, e inclusive, en algunos distritos de la capital, hay quienes están dispuestos a tomar la justicia por mano propia, obviando que le corresponde al Estado el uso privativo de la fuerza. Esto es una muestra más del quiebre de la institucionalización del país.

La presidente debería resolver los problemas internos antes de seguir pidiendo autorización al Congreso para realizar nuevos viajes. Una pronta recuperación de la confianza surgirá siempre que se brinde seguridad a la ciudadanía, así como también la concreción de inversiones.  Los agroexportadores esperan la derogatoria de la norma de 2021, porque está ocasionando la migración de capitales hacia otros países, en los que se generarán los nuevos puestos de trabajo que hacen tanta falta en el Perú. La pesca es estacional y el fenómeno de El Niño afectará su actividad.

La opción inmediata son los proyectos mineros, en especial Tía María en la región Arequipa. De todos los anuncios formulados por el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, es el único proyecto que está listo para iniciar su construcción. Además, Boluarte debería liderar al Ejecutivo hacia el objetivo nacional de convertir al Perú en el primer productor de cobre del mundo, aprovechando el cambio de matriz energética.