Desborde delictivo

Si un Estado no es capaz de garantizar la seguridad de su población está omitiendo cumplir con su función básica –brindar seguridad– y dejando que ese espacio sea ocupado por la delincuencia común o el crimen organizado. El riesgo para la ciudadanía es mayor inclusive porque la delincuencia cuenta con financiamiento proveniente de actividades ilegales, como el narcotráfico, el contrabando, la tala ilegal que deforesta la Amazonía y más recientemente la minería ilegal. Cada una de estas actividades, para garantizar su operatividad, han ido infiltrando los diferentes niveles de gobierno, así como las instituciones tutelares del estado. Su finalidad es llegar a controlar la esfera política.

En 2006, el por entonces candidato a la Presidencia de la República y posteriormente presidente, Ollanta Humala Tasso, incorporó en su lista al Congreso de la República a dos cocaleras. Una de ellas, Nancy Obregón, habría mantenido vínculos con una facción de Sendero Luminoso. Ella afirmaba que representaba a los productores de hoja de coca; pero la pregunta es: ¿a los que cultivaban el 2% del total de la coca producida, destinada al consumo ancestral? ¿O representaba al 98% de los cocaleros que abastecen al narcotráfico? La respuesta es obvia. Posteriormente, la administración de justicia determinó que existían vínculos entre el narcotráfico, la subversión y la actividad política que desarrollaba la congresista.

Algo similar ocurre con la tala ilegal, anualmente se extraen millones de pies cúbicos de madera que son comercializados a través de los principales ríos de la Amazonía cuyas aguas llevan a otros destinos y que son registrados y certificados como si su origen corresponde a algún país vecino. Esta actividad, también genera una economía ilegal que busca evitar el control y la supervisión de las autoridades y, en adición, también relajar la aplicación de algunas normas para facilitar sus actividades cotidianas.

En el caso de la extracción ilegal de minerales también está ocurriendo lo mismo: presionan a las autoridades locales, quienes carecen de medios suficientes que les brinden una capacidad de respuesta efectiva frente al crimen organizado. De lo contrario, terminan siendo “persuadidas” (léase corrompidas) para lograr la omisión de sus funciones de fiscalización.

El contrabando lleva a cabo actividades similares con tal de conseguir sus objetivos, el ingresar mercadería de origen ilegal al mercado nacional. Por el volumen que alcanza, especialmente ante la proximidad de las festividades de fin de año, resulta inverosímil creer que nadie se percata del ingreso de esta mercadería en los puntos de control aduanero.

Si a ello le añadimos el hecho que más de un millón de migrantes ha ingresado al Perú en los últimos seis años, la mayoría de ellos huyendo del denominado “socialismo del siglo XXI”, presidido por Nicolás Maduro, el avance de las actividades delictivas amerita acciones extraordinarias, como bien ha señalado el presidente del poder judicial, Dr. Arévalo. Esto, sin dejar de reconocer que la mayoría de venezolanos que ingresaron al Perú son buenas personas, incapaces de realizar actividades delictivas en contra del país que los alberga. 

Según indicación de las autoridades policiales, los foráneos que participan del crimen emplean prácticas extremadamente violentas, no antes vistas en el país. Parte de estos delincuentes se han puesto al servicio de intereses que encabezan las actividades delictivas antes reseñadas. Y otros delincuentes llaneros están disputando el control de áreas urbanas o rurales a los malos elementos locales.

Este desborde delictivo es sumamente grave y preocupante por su capacidad de vulnerar la estructura del Estado. Y también interrumpir el normal funcionamiento de actividades formales, como la minería que aporta al desarrollo económico y social de todos los peruanos.