¿Derecho a la huelga y a la violencia?

La huelga es un derecho constitucional que se ejerce en el país de acuerdo a ley. ¿Qué implica? La suspensión de las actividades habituales de una o varias organizaciones sindicales. La suspensión de labores busca presionar al empleador para que acceda a ciertas demandas. Pero ¿qué sucede cuando en su empeño un grupo dirigencial atenta contra la propiedad privada del empleador, obstaculiza el libre tránsito e impide ejercer el derecho al trabajo de quienes sí desean continuar laborando o reincorporarse a su centro de trabajo?

Los mecanismos de presión en una paralización no pueden incluir amenazas ni extorsión, y menos el empleo de niños ni jóvenes. muchas veces utilizados como escudos humanos para evitar que se garantice el derecho de otros ciudadanos. Vivir en paz, a pesar de las naturales discrepancias, es respetar el derecho de los demás a tomar sus propias decisiones y asumir la responsabilidad de sus propios actos. Durante muchos años las posiciones ideológicas más radicales han buscado encaramarse en las organizaciones sindicales para desde allí distorsionar una eventual legítima reivindicación para transformarla en un instrumento de su accionar político.

En 1979, una dirigencia sindical radicalizada ideológicamente tomó una fábrica textil en Lima. Por más esfuerzos que hicieron las autoridades del Ministerio de Trabajo para hallar una solución, siempre encontraron una misma respuesta: acceden a todo o nada. Los empleadores sabían que en una época de crisis acceder a dichas pretensiones hubiese significado poner en riesgo la continuidad operativa del centro de trabajo. ¿Qué hizo la dirigencia sindical? Poner sobre la mesa de negociaciones una condición imposible de cumplir. El resultado fue que se ordenó la recuperación de la fábrica y, en el enfrentamiento promovido se perdieron siete vidas humanas.

Uno de los dirigentes sindicales que participó en dicho conflicto volvió a obtener notoriedad en diciembre de 1996. Para entonces, dicho dirigente transparentó sus intenciones de conseguir objetivos políticos por medio del ejercicio de la violencia más descarnada, la terrorista. El 22 de abril de 1997, dicho dirigente falleció durante la recuperación de la residencia del embajador del Japón.

Su nombre en la actualidad no tiene relevancia, pero sí es bueno recordar que algunos dirigentes continúan empleando la misma estrategia, encubriendo intenciones que no tienen que ver con una plataforma laboral. Hace pocos meses, la opinión pública ha visto con estupor cómo es que un grupo de profesores protagonizó una larga huelga, dirigida por una cúpula que estaría estrechamente vinculada a grupos subversivos que hoy quieren abrirse paso enarbolando otro objetivo político, la amnistía para los cabecillas del terror.

La violencia se infiltra en las huelgas prolongadas innecesariamente, en espacios universitarios y en escenarios donde existiendo algún grado de conflictividad lo pueda exacerbar. La violencia cree en la destrucción del Estado de derecho, por eso soslaya los Derechos Humanos de niños, jóvenes y adultos, promueve el caos y la quiebra empresarial para generar las condiciones subjetivas para lo que persigue, la captura del poder.