Del apaciguamiento a la capitulación

Al recordar algunos casos extremos en que el gobierno tuvo que enfrentar la violencia de minorías que querían imponer su voluntad sobre la mayoría, nuestro Jefe de Estado reiteró su decisión de no utilizar la fuerza legítima en defensa de la democracia, el Estado de Derecho y el orden público. Prefiere ignorar que el irrenunciable monopolio del uso de la fuerza legítima (Max Weber) es consustancial al concepto del contrato social que el Estado encarna, y que detenta como recurso decisivo para garantizar la convivencia pacífica entre los ciudadanos y el cumplimiento de la Constitución y la ley. 

Ceder y retroceder (siempre) frente a minorías violentas para evitar los costos políticos inherentes al ejercicio del poder y al deber de gobernar es una actitud incompatible con la obligación preeminente de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. La reiterada respuesta timorata del poder legítimo que se doblega frente a la violencia significa que la mayoría de peruanos estamos, nuevamente, a merced del vandalismo de los “aymarazos”, el separatismo de los gobernadores radicales del Sur, los paros armados o la reaparición de movimientos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, cuyo objetivo era sembrar la muerte y dinamitar el Perú. La defensa del Estado no es una opción personal sino la obligación fundamental e inexcusable de un presidente democrático.

Nuestro primer mandatario debe recordar que los 60 millones de muertos en la II Guerra Mundial fueron producto de la política de “apaciguamiento” (appeasement) del Primer Ministro británico Neville Chamberlain (Partido Conservador), que se convirtió en el mejor aliado de Hitler, Mussolini, Franco y el militarismo japonés. Desde 1938 Gran Bretaña cedió en todo. Al consentir las anexiones de Abisinia (por Italia), de Austria; y parte de Checoeslovaquia, Chamberlain alentó el armamentismo alemán y una guerra que casi termina con la civilización. Nadie lo resumió mejor que Churchill en 1938: “Nos dieron a escoger entre la guerra y el deshonor. Escogieron el deshonor y tendrán la guerra”. Fue lo que dijo cuando el Primer Ministro retornó de la conferencia europea que se reunió en Munich - por su propia iniciativa – y exhibió la paz que llevaba “bajo el brazo”.

Salvando las distancias de espacio y tiempo, nuestro Presidente también tuvo la iniciativa de visitar al enemigo en su sede. Pero no lo hizo para amonestar al gobernador de Arequipa que lo acusó de traidor, sino para presentarse como aliado y proponerle que siguiera un procedimiento administrativo para revertir la licencia de construcción que su gobierno otorgó a la titular de la concesión de Tía María. Y después de pactarlo, incurrió en el indecoroso agravante de no ensayar siquiera la farisaica transparencia que predica para informar a los ciudadanos que, posteriormente, fuimos sorprendidos por las grabaciones clandestinas de los ocasionales aliados presidenciales.

Seguramente mal aconsejado por su Ministro de Justicia, el Presidente repite y repite que es respetuoso de la Constitución y la independencia de poderes cada vez que critica al Congreso, marca el derrotero al Ministerio Público y el Poder Judicial, o incurre en actos que no evidencian un riguroso respeto a la norma constitucional que limita el poder del Gobierno. 

También llama la atención que insista tanto en lo que ya suena a “diálogo sobre el diálogo”, sin tener presente que esa pócima milagrosa es el sinónimo políticamente correcto de una “negociación” que se desarrolla conversando sobre recíprocas concesiones entre interlocutores del mismo nivel o representatividad, siempre que se no se trate de temas innegociables como el respeto a la normatividad constitucional.

Para lograr la gobernabilidad del país cada poder público debe comenzar por hacer lo que constitucionalmente le compete. Es propio de la política reclamárselo a los adversarios que se sientan en el Congreso, así como es legítimo que ellos demanden al Presidente de la República hacer lo que le corresponde: gobernar y gestionar los asuntos de interés común en beneficio de todos los peruanos.