Definamos una nueva estructura estatal

Para nadie es un secreto que hay una grave crisis de representatividad en nuestra política. Además tenemos una institucionalidad estatal precaria, no solo por los pésimos resultados de su (deficiente, calamitosa y destructiva) gestión por parte de sucesivos (des)gobiernos, sino por la perversión e hipertrofia de su estructura. Abordaremos en las siguientes líneas tres aspectos centrales para una necesaria y urgente reforma en la estructura del Estado, una de las cinco reformas que expusimos en forma general en nuestro anterior artículo: Nueva estructura del Estado, reforma tributaria, reforma educativa, reforma de salud y reforma de pensiones.

Decíamos en nuestra entrega anterior que «Los incentivos (perversos) son fundamentales en esta grave crisis general que vivimos. En el Estado abunda el dinero fácil –al que políticos en el poder echan mano de modo grosero e impune– obtenido de impuestos confiscatorios que no ofrecen contraprestación eficaz a nuestros ciudadanos». Por lo tanto, el objetivo central es que esos incentivos perversos que facilitan a políticos acceder y tomar por asalto esos fondos ciudadanos, sean eliminados de raíz. Tres aspectos debemos tener en cuenta para el logro de este objetivo: rediseño del Ejecutivo, representatividad del Parlamento y transformación tecnológica.

Rediseño del Ejecutivo

Definimos tres grandes espacios de acción en los que el Estado debe brindar servicios en forma eficaz: seguridad, justicia e infraestructura. En este aspecto, es la «focalización» el término clave que sostiene la nueva acción del Estado y sus operadores. Demasiado tiempo tenemos a estados intervencionistas que amplían cada vez más su cobertura, sin mayor eficacia. El despilfarro se normaliza y el parasitismo se impone como práctica habitual, tenaz e irreductible. Por ello, la nueva estructura del Estado requiere como máximo tan solo seis ministerios: Relaciones Exteriores, Economía, Orden Interno, Infraestructura, Seguridad Territorial y Servicios Sociales.

En Orden Interno incluimos tanto seguridad ciudadana como administración de justicia, esto último bajo el principio de independencia de poderes, con Estado como facilitador de recursos.

En Infraestructura se debe incluir tanto administración de recursos naturales como supervisión de obras civiles (que serán devueltas a su espacio natural, la sociedad civil), junto a una labor facilitadora de un ambiente de negocios propicio a los emprendimientos en la producción de bienes y servicios.

En Seguridad Territorial debemos resguardar nuestras fronteras. No hay globalización que justifique desatenderlas, tanto puntos formales de ingreso y salida como zonas poco pobladas que pueden ser objeto de pillaje. También la integridad territorial, que se une transversalmente a los esfuerzos por sostener la unidad física, geográfica y cultural.

Servicios Sociales agrupa diversas actividades en educación, salud y apoyo social, en clave de subsidiariedad entendida no solo por la oferta sino sobre todo por demanda insatisfecha de ciudadanos que se encuentran fuera de la lógica de mercado.

Representatividad del Parlamento

Lo que sucede con nuestro Congreso es insostenible. Debe cambiarse totalmente la forma en que elegimos a los congresistas, pues hoy su representatividad es bastante escasa; salvo honrosas excepciones que confirman la regla. El sistema de listas y la opción de voto preferencial ha propiciado una infame subasta de puestos, cuando no la nefasta preeminencia de partidos y movimientos políticos convertidos en «vientres de alquiler». Ni hablar del transfuguismo y la disolución de los partidos políticos, dejando un enorme vacío en su misión de intermediar entre los ciudadanos y las grandes decisiones de Estado que administran los gobiernos en sus diversos estamentos: municipal, regional y central. La alternativa es el sistema de distrito electoral uninominal (ver aquí: https://www.elmontonero.pe/columnas/el-distrito-electoral-uninominal-es-la-mejor-opcion):

La ilegitimidad de la representatividad congresal es un problema que erosiona la precaria institucionalidad de nuestro sistema político. Debemos enfrentarla con firmeza y decisión. El sistema de voto preferencial perenniza esa ilegitimidad, además de propiciar la corrupción y el debilitamiento de liderazgos por el “quién da más” para “un mejor lugar” en las listas electorales. Por otro lado, volver a las listas cerradas de la primera parte del siglo XX sería mucho peor. El distrito electoral uninominal, en el contexto actual, tiene la gran virtud de dar soporte a una nueva y legítima representatividad, además de facilitar el contacto del elegido con sus electores y de simplificar los procesos. De lejos, la mejor opción. 

Transformación tecnológica del Estado

Hoy existen viceministerios, direcciones y jefaturas para todo asunto que podamos imaginar, en la gran cantidad de ministerios que tiene nuestro hipertrofiado Estado (casi una veintena). Esas reuniones que se denominan Consejo de Ministros debieron ser mítines insufribles cuando eran presenciales, antes de la crisis sanitaria. Es evidente que no todos los ministerios tienen un nivel jerárquico similar, por lo que pretender que las reuniones de ministros sea entre pares resulta una mera ilusión. Todos esos temas, asuntos y rubros que hoy se atienden en ministerios poco eficientes y plenos de burocracia, deberán ser evaluados para su continuidad o cancelación. Como el contexto de estas reformas es devolver atribuciones y poder a la sociedad civil, de hecho bajo ese precepto muchas actuales actividades estatales se volverán insubsistentes. Todo el aparato estatal en rediseño será objeto de un ambicioso, vasto y eficaz proceso de transformación digital. No se debe cometer el craso error de «tecnologizar» manteniendo las paquidérmicas formas y fondos de la actual burocracia, no tendría sentido alguno. Una radical reingeniería de procesos acompañará necesaria e ineludiblemente tal transformación.

A modo de conclusión, insistamos en la invocación con la que cerramos nuestro primer artículo de esta serie : 

Para la implantación y despliegue de estas reformas, necesitamos la mayor amplitud posible de compromiso social. En este punto, creemos que es clave el papel de las clases medias. La que se llama «emergente» sigue jugando un rol central en mantener y acrecentar la dinámica económica emprendedora, más aún en medio de la actual crisis económica. Las otras clases medias, en especial la llamada «clase media profesional» lamentablemente oscila entre el aburguesamiento y el consumismo. Su pasividad cuando no complicidad frente al crecimiento del estatismo ha impedido retomar las reformas que se requieren en nuestro país. Con o sin intención, han resultado especialmente funcionales a las estructuras corruptas políticas y económicas que nos han parasitado en el último cuarto de siglo. Esperemos que las circunstancias de hoy provoquen un despertar virtuoso.