Defendiendo la democracia

La situación política por la que atraviesa el país, derivada de las acciones reñidas con la ética por parte del actual presidente, viene marcando el discurrir de incertidumbre e incremento de la corrupción en el país. Recordemos que el presidente del Consejo de Ministros en una reunión con organizaciones sociales, desarrollada semanas atrás, dijo a los asistentes, aludiendo al Congreso, “…si cada uno trajera a Lima a 50 personas, entonces, se haría arrodillar a los golpistas”.

Sin embargo al ser invitado por el Poder Legislativo para responder a este agravio, Aníbal Torres señaló que era “una falsedad absoluta”  decir que estaba incitando a la violencia contra la oposición o que haya pedido que se cierre el Congreso. Definiéndose como demócrata, afirmó que hasta el momento el Ejecutivo no ha hecho “ningún gesto sobre que en el Perú se va a instalar una política comunista” y subrayó que el gobierno apoya “la economía social de mercado consagrada en la Constitución, la libertad de empresa y la pluralidad de partidos políticos”.

La crisis y el descrédito del gobernante, tras tanta evidencia y delaciones de sus cómplices (ex ministros, secretario general, sobrinos y testaferros), exige su salida de la forma más tranquila; por ello, muchas organizaciones sociales, partidos políticos y sectores  de las Fuerzas Armadas vienen planteando su vacancia o renuncia. En este contexto, no debe extrañarnos lo manifestado por la Conferencia Episcopal Peruana que, marcando distancia con los poderes nacionales, tras señalar no ser ningún poder político, ningún poder del Estado, tampoco partido político, afirmó: “Somos un eco de la población, porque las parroquias están en todo sitio. Lo que hemos hecho es un análisis de la realidad y más bien corresponde a la sociedad civil dar respuesta”. Y planteó con firmeza que “el consenso social pide dar paso a una transición política que busque urgentemente una salida a la profunda crisis actual, priorizando la necesaria reforma política pendiente para recuperar la credibilidad, la confianza y la esperanza”. 

Mientras ello ocurría, un acto valeroso desarrollado por las Fuerzas Armadas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en defensa de la democracia, lamentablemente no tuvo mayor repercusión, debido al interés gubernamental de no asimilar un golpe serio y al silencio de la prensa. Sería el general de Ejército Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien informara que los resultados que dejó la operación Patriota, que se inició el pasado 11 de agosto en la zona del Vizcatán, para erradicar la organización narco-terrorista de Sendero Luminoso: “Hemos asestado un duro golpe al terrorismo que se encuentra en esta zona de nuestro país. En estos cuatro días hemos tenido dos bajas”. Así se demuestra el compromiso de las Fuerzas Armadas con el Perú, y ciertamente con la democracia. 

Gestos como los señalados avivan la esperanza y convocan a la unidad nacional para combatir la corrupción, fortalecer la democracia y rescatar el país de las manos de sus actuales gobernantes.