¿Cuál es la solución a todo esto?

Lo que venimos padeciendo en los últimos días con el deterioro de la figura presidencial solo es un reflejo de lo que nuestro país viene sufriendo desde 1997, cuando se reinició el nocivo proceso de hipertrofia estatal, paralizando la ola de reformas iniciada en 1990. Estas reformas habían sostenido el crecimiento del «milagro peruano» hasta antes de la crisis sanitaria. Resulta indignante cómo es que los políticos de turno en el poder roban impunemente el dinero ciudadano que debe usarse para enfrentar la pobreza, el reto del desarrollo y los peligros de desintegración social. Hacen uso de todo tipo de artificio y mecanismo «legal» para obtener ese dinero de forma corrupta e ilegítima: desde sobrevaloraciones en grandes proyectos de inversión hasta la inútil publicidad estatal en medios, pasando por compras diversas para la enorme burocracia estatal improductiva (que en sí misma ya es un despilfarro delincuencial), consultorías sin mayor sentido ni efecto real en las políticas públicas y normas tan abundantes como absurdas, propicias para la coima, la extorsión y el estímulo a la informalidad en la peor de sus acepciones.

¿Cuál es la solución a todo esto?

Los incentivos (perversos) son fundamentales en esta grave crisis general que vivimos. En el Estado abunda el dinero fácil –al que políticos en el poder echan mano de modo grosero e impune– obtenido de impuestos confiscatorios que no ofrecen contraprestación eficaz a nuestros ciudadanos. Esos impuestos son un robo. Es aún más escandaloso el hecho de que para cobrar esos impuestos se use tecnología de punta y personal altamente especializado, mientras que los servicios de seguridad, educación y salud que brinda ese mismo Estado se encuentran pauperizados por la clamorosa carencia de elementos básicos como agua potable, electricidad, registros computarizados, material didáctico, telefonía, medicinas de uso general, etc. Además de personal casi abandonado a su suerte como se ha podido constatar en esta crisis sanitaria con las fuerzas del orden y el personal de salud.

Los incentivos perversos para acceder y tomar por asalto esos fondos ciudadanos deben eliminarse de raíz. Esto se logra con un Estado mínimo. Además, la enorme inmoralidad de no brindar contraprestaciones eficaces a cambio de impuestos debe resolverse con absoluta prioridad y celeridad. Ambas cosas a la vez. Sabemos «qué», pero ¿cuál sería el «cómo»?

 

 

Intentaremos sintetizar una propuesta en cinco grandes reformas, aplicables a la realidad peruana, inspirados en diversas ideas expresadas por grandes intelectuales y activistas libertarios de Iberoamérica. Siendo el espacio limitado para mencionar a todos ellos, resaltaremos solo a algunos, sin un orden preestablecido: Alberto Mansueti, Arturo Damn, Juan Ramón Rallo, Javier Milei, Luis Espinoza Goded, Axel Kaiser, Vanessa Vallejo, Jesús Huerta de Soto, Agustín Laje, Nicolás Márquez, Olavo de Carvalho, Gloria Álvarez, Hernando de Soto, entre muchos otros.

Estructura del Estado

 

 

Bajo el enfoque genérico que se conoce como «Estado mínimo», definimos tres espacios de acción fundamentales con servicios estatales a prestarse en forma eficaz: seguridad, justicia e infraestructura, además de ciertos servicios sociales bajo la acción subsidiaria del Estado. Esto va de la mano con una nueva estructura del Estado, que requiere tan solo seis ministerios: Relaciones Exteriores, Economía, Orden Interno (seguridad ciudadana y justicia), Infraestructura (recursos, obras y producción), Seguridad Territorial (fronteras e integridad territorial) y Servicios Sociales (educación, salud y apoyo social, en clave de subsidiariedad). Nada más. Todos los asuntos que hoy atienden ministerios poco eficientes y plenos de burocracia dispendiosa, serán evaluados para su continuidad –si es que califican– asignados al ministerio correspondiente. Todo el aparato estatal será «reingenierizado» bajo un ambicioso, vasto y eficaz proceso de transformación digital, con transferencia (devolución) de atribuciones y derechos a la sociedad civil.

Reforma tributaria

La reforma del Estado indicada líneas arriba implica una gran y profunda reforma tributaria, invirtiendo la carga de la prueba: no es que debamos sustentar exoneraciones tributarias, sino que cada impuesto debe sustentar su permanencia con una contraprestación eficaz, simplificando su aplicación, fusionándose con otros o eliminándose por ser nocivo al desarrollo de emprendimientos privados, mayor producción y prosperidad. 

Reforma educativa

 

 

En principio, el Estado debe continuar prestando servicios educativos a través de entidades estatales, en la línea de subsidiariedad, pero iniciando un profundo proceso de autonomización municipal (la escuela primaria debe ser un ente local) y de una privatización que ponga a consideración de los concernidos la opción de convertirse en propietarios bajo accionariado difundido de los colegios en que trabajan (empleados y docentes) o donde estudien sus hijos (padres de familia). La alternativa sería que acuerden vender su participación a inversionistas que prefieran un modelo de negocios convencional. De este modo, el Estado devuelve esta actividad a su legítimo detentor, la sociedad civil. Como estos establecimientos se convertirán necesariamente a una gestión privada, los bonos de compensación (vouchers educativos) serán entregados a las familias con dificultades económicas, además de becas estatales por estricto mérito a estudiantes con mejor rendimiento. Por su lado, estas nuevas instituciones educativas podrán gestionar apoyo en forma de becas privadas y donaciones. Con escuelas técnicas y universidades se efectuará también un proceso análogo en cuya virtud la gestión será entregada a fundaciones de la sociedad civil; de hecho, desde siempre, los exámenes de admisión de las mejores universidades y escuelas técnicas estatales han sido en la práctica rigurosos procedimientos para el otorgamiento de becas y continuarán bajo esa lógica, cubriendo el Estado un gran porcentaje de los costos.

Reforma de salud

 

 

La atención de primera fila que ofrezca el Estado en la línea de subsidiariedad debe ser municipalizada. Y para el caso peruano se debe aprovechar tanto la exitosa experiencia mixta de los Hospitales de la Solidaridad como las cooperativas (de salud) y mutuales privadas. Por su parte, el Seguro Social del Perú (ESSALUD) debe ser desestatizado y devolverlo a su espacio natural, la sociedad civil. No es una privatización sino una desestatización: esa entidad nunca debió ser entregada al manejo del Estado. Las entidades de salud que hoy dependen directamente del Estado, también serán asignadas a un espacio geográfico (provincial) determinado y todos los ciudadanos de ese espacio recibirán una participación en accionariado difundido, junto a empleados y personal de salud. Todos ellos podrán decidir, como en la propuesta de reforma educativa, cuál sería el modelo de negocios para la nueva entidad. También se entregarán bonos (vouchers de salud) a familias de bajos recursos, para que contraten el seguro médico de su preferencia, además de gastos por atención. Del mismo modo que en los nuevos servicios educativos, se propiciará la participación de fundaciones, organizaciones no lucrativas, cooperativas y mutuales que desarrollen actividades de beneficencia o compensación en este rubro. Desde el Estado se tendrá la capacidad logística y tecnológica para montar una red de intercomunicación entre todas estas nuevas entidades de salud, junto con el sector privado ya existente, formando un frente de atención eficaz en caso de grandes emergencias o desastres como pueden ser terremotos, inundaciones, epidemias, etc. 

Reforma de pensiones

Debemos liberalizar totalmente el ahorro previsional, apelando a la responsabilidad de cada quien para con su jubilación. No puede seguir habiendo aporte obligatorio. AFPs tendrán que ajustarse a estas nuevas reglas de juego para quienes recién ingresan al mercado laboral, con un proceso gradual de transición para los que ya se encuentran dentro del sistema. Además, deben propiciarse otros instrumentos financieros directos más allá de AFPs. Sin embargo, ya que partimos de una situación precaria e inestable para la inmensa mayoría, debemos cubrir el vacío de quienes no puedan ahorrar o quienes estén en edad cercana a la jubilación y no tengan ahorros ni aportes suficientes. Con un porcentaje de los impuestos recogidos y la administración de infraestructura (por ejemplo, peajes) se creará un fondo para el otorgamiento de una pensión universal mínima. Este fondo será gestionado por la sociedad civil y supervisado por el Estado. Formará parte de las contraprestaciones eficaces que se ofrecerán desde la nueva estructura tributaria, lo que a su vez fomentará la formalización de actividades.

A modo de conclusión

Para la implantación y despliegue de estas reformas, necesitamos la mayor amplitud posible de compromiso social. En este punto, creemos que es clave el papel de las clases medias. La que se llama «emergente» sigue jugando un rol central en mantener y acrecentar la dinámica económica emprendedora, más aún en medio de la actual crisis económica. Las otras clases medias, en especial la llamada «clase media profesional» lamentablemente oscila entre el aburguesamiento y el consumismo. Su pasividad cuando no complicidad frente al crecimiento del estatismo ha impedido retomar las reformas que se requieren en nuestro país. Con o sin intención, han resultado especialmente funcionales a las estructuras corruptas políticas y económicas que nos han parasitado en el último cuarto de siglo. Esperemos que las circunstancias de hoy provoquen un despertar virtuoso.