Cuajone, otra víctima del radicalismo antiminero

Desde hace dos semanas, un grupo de pobladores, conformado por aproximadamente 70 personas organizadas en piquetes, tomaron por la fuerza el reservorio que abastece de agua al campamento de la mina Cuajone, en la región Moquegua. Con esta medida han puesto en riesgo la salud y la vida de aproximadamente 5,000 personas, quienes trabajan en una de las mayores minas productoras de cobre del país.

¿Es razonable que esto suceda a vista y paciencia de las autoridades? ¿Puede un grupo de personas decidir cortar el abastecimiento de agua en Lima y las autoridades mantenerse en inacción, sin hacer nada, dejando a su suerte a estos trabajadores y sus familiares? ¿El chantaje y la extorsión están siendo legitimados? ¿Estamos viviendo un período donde el ejercicio de la violencia es legitimado como acción política? Esperemos que no sea así; pero de serlo, es momento de ponerle coto y detener a quienes promueven este tipo de acciones fuera de la ley.

El campamento de Cuajone opera desde hace 45 años, y nunca antes se presentaron problemas de este tipo. Ahora sucede que algunos pretenden que los terrenos por donde se encuentra el trazo de la línea de conducción de agua son suyos; en consecuencia, han decidido que se les haga un pago: nada más y nada menos que de US$ 5,000 millones. Es decir, el valor de lo que costaría construir nuevamente la mina Cuajone.

La propuesta de los manifestantes es ilegal y confiscatoria. Pero, a la fecha, nuestras autoridades del Ministerio de Energía y Minas, de la Presidencia del Consejo de Ministros, quienes acudieron para expresar lo que indican las leyes, no lograron ser escuchados. Es más, los pobladores agredieron al comisario local y a los demás miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP).

No se trata sólo del reclamo legítimo de una minera, sino del quebrantamiento sistemático del orden constitucional, de la violación del estado de derecho y de la complicidad de quienes deciden inhibirse y no restablecen el principio de autoridad.

El pasado 10 de febrero, el mismo grupo decidió bloquear la vía férrea. Como el argumento en esta la zona no puede ser el del levantamiento de polvo por el tránsito de camiones, en Cuajone el grupo de usurpadores dice ser propietario de los terrenos, sin contar con documentación alguna que corrobore tal aseveración.  Diferente es el caso de los titulares de la mina Cuajone, quienes desde 1951, desde hace más de 70 años, cuentan con derechos superficiales vigentes, así como derechos de servidumbre respecto de sus instalaciones.

¿Quién está fallando? El Estado y las autoridades a su cargo, porque están cometiendo omisión de funciones.  Ellos están obligados a restablecer el orden público y evitar la exposición al peligro que representa que miles de personas hayan sido privadas del líquido elemento.

Ha hecho bien la empresa en expresar su disposición al diálogo; sin embargo, este no puede ser óbice para eludir aplicar las sanciones que correspondan al grupo de manifestantes. Si el Estado decidiese poner alto a este despropósito, serán los cabecillas los responsables del costo que pudiese representar; y no los miembros de la PNP, quienes solo estarían cumpliendo con su deber de restituir el orden quebrantado.