Criminalidad: la trampa comunista

En octubre de 2019 Diosdado Cabello, el número dos de la dictadura venezolana, saludó la brisa bolivariana que sacudía a Chile. Advirtió la llegada del “huracán bolivariano”. El incendio de iglesias y estaciones del Metro de Santiago, sumados a la violencia física y verbal contra quienes se oponían, catapultó al ahora presidente de Chile, Gabriel Boric, quien estaba entre los violentos manifestantes. 

En esos días, poco después de anunciar que “Chile es atacado”, el fallecido expresidente Sebastián Piñera cedió al asedio. Como acá, la principal demanda de los manifestantes fue una nueva constitución. Una reforma constitucional permitió un plebiscito para modificar la Carta Magna. Las propuestas fueron rechazadas por la población. Los chilenos entendieron que caían en la trampa comunista. 

Un terrorismo urbano –o como se llame– ataca a Perú. Una muestra es la insurgencia disfrazada de vandalismo después del frustrado golpe de Estado de Pedro Castillo. Dejó un saldo de 49 muertos. Asimismo, suman los asaltos a las agroexportadoras,  asesinatos y destrucción en minas y, como en Chile, incendios forestales provocados. Durante los gobiernos de Vizcarra, Sagasti y Castillo ese vendaval no se manifestaba como ahora, en las calles, afectando crudamente a la población. Esos presidentes estaban claramente alineados con las corrientes estatistas y progresistas.   

Después de Castillo, Dina Boluarte rompió con Perú Libre. Desarrolla una gestión opuesta al ideario de Vladimir Cerrón: la patria socialista. Por esto, llama la atención que dos experimentados excongresistas –uno toledista y otro aprista– coincidan desacreditando a Boluarte, señalándola como desleal. Esa deslealtad cambió el rumbo que el senderismo y Perú Libre tenían proyectado para el país. Por lealtad, Perú viviría hoy escenarios políticos, económicos y sociales concordantes con Cuba, Venezuela y Nicaragua.     

Apelemos a la memoria colectiva: ¿en qué momentos de la reciente historia nacional, ciertos medios, periodistas y opinólogos, de manera concertada, son parte de constantes acechos públicos contra los opositores de la izquierda? Esos acechos crean percepciones ciudadanas contra Alberto Fujimori, Alan García, Keiko Fujimori, Manuel Merino, Pedro Chavarry, Dina Boluarte y Juan José Santiváñez, ministro del Interior. Con cierta legitimidad, unos preguntan ¿por qué, justo ahora, arrecian los ataques contra Boluarte y Santiváñez? Responden lo que se sabe: en unas semanas serán convocadas las elecciones 2026 y no habrá vuelta atrás. Boluarte se queda hasta el 2026.

Cuesta creer que en Fuerza Popular –víctima permanente de campañas mediáticas y prisiones preventivas de sus dirigentes– no se entienda el origen de los ataques criminales. ¿Débil y sin resistir, entregará la cabeza de Santiváñez admitiendo su derrota después del apoyo entregado a Boluarte? ¿La cabeza de Santivañez por un utópico e inmediato Perú sin criminales?

En esta guerra sin cuartel –con sangre de por medio– el respaldo de las mayorías es gaseoso. Quien aprendió a resistir al adversario sabe que vale la pena poner el pescuezo por lo que se cree. Los apristas, víctimas de persecuciones, tienen la palabra. Pero, parece que el oportunismo los conduce a la actual ola de “indignación nacional”. ¿El voto por el sillón presidencial y la curul parlamentaria tienen más valor que el destino nacional? Los compañeros se suman al coro de sus perseguidores, como se sumaron a la marcha de los cuatro suyos, alentada entre bambalinas por el senderismo. Exigen la renuncia o censura del ministro del Interior.

Una vez más se juega peligrosamente con las percepciones ciudadanas. Y la población cae en la trampa. Desde fuera, y con cuadros políticos y militarizados dentro, el enemigo va ganando gracias a la ausencia de firmezas. Las miradas miopes de centristas, izquierdistas democráticos y derechistas llevan al país al despeñadero.