Corrupción, democracia y diplomacia

Hizo bien El Comercio en consultar al secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi, sobre la procedencia de retirar la invitación al tirano Maduro para la Cumbre de las Américas en Lima. En su rotunda aclaración (que mereció la primera plana del martes pasado), Arrighi señaló que la decisión corresponde exclusivamente al país anfitrión, porque el proceso de cumbres no se regula por las normas de la organización. Dijo lo opuesto a lo que la crítica nacional se empeñaba en machacar, aunque favoreciera a la dictadura chavista y coincidiera con la desprestigiada posición de sus aliados del ALBA, para los que el Estado de derecho es tan lejano como la democracia.

Si bien el tema central de la Cumbre limeña es la vinculación perversa entre corrupción y gobernabilidad, la invitación a Maduro se hacía insostenible frente a sus crecientes provocaciones electorales. Así lo evidencian, por ejemplo, las voces de reconocidos diplomáticos chilenos que están solicitando a su gobierno que retire la invitación que le ha cursado para la ceremonia de transmisión de mando Bachelet-Piñera en Santiago.

La temática del encuentro hemisférico en Lima debe servir para subrayar que la epidemia de corrupción en la región ha sido fuertemente potenciada por la relativización de la democracia y el orden jurídico que resulta del llamado socialismo del siglo XXI y los populismos autoritarios que fomenta. Presidentes como Lenin Moreno, Evo Morales, Daniel Ortega y otros centroamericanos y caribeños tienen que recibir un mensaje muy claro: no puede tolerarse más que sigan bloqueando al sistema interamericano y el cumplimiento de su normatividad fundamental sobre la defensa y profundización de la democracia y los derechos humanos. Para ser tales, estos derechos deben ser universales y libres de manipulación ideológica y política por quienes han sido elegidos con los votos albistas y proalbistas en la Comisión y la Corte Interamericana de DD. HH. (es lo que ocurre ahora en la Corte por la aplicación del “control de la convencionalidad”, violatorio de la Convención Interamericana de DD. HH.).

La próxima Cumbre de las Américas y la concertación de posiciones en el Grupo de Lima son logros diplomáticos nacionales. Como tanto se dice —y tan poco se practica— la política exterior es, por antonomasia, una política de Estado. Como tal, no debe ser presa de la histeria colectiva que caracteriza a la política doméstica en el momento lamentable y convulso que vivimos por la corrupción. Coyunturas como la presente demandan serenidad y confianza en el futuro del Perú.