Consolidemos la democracia

Mediante la seguridad ciudadana y el estímulo a la inversión privada

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ganó la presidencia. Y más allá del estrecho margen con que triunfó, la cierto es que la democracia peruana se consolida y ambos contendores del pasado 5 de junio saben que deben mirar hacia el futuro, olvidar las pullas de la campaña electoral y establecer un plan mínimo de emergencia para ejecutarlo a partir del próximo 28 de julio. PPK es el presidente electo que representa al conjunto de la ciudadanía y personifica a la nación. En consecuencia, salvo los usos y costumbres de toda democracia, no debe estar sujeto a compromisos políticos que pretendan desdibujar su propuesta electoral.

Uno de los primeros problemas en el país es la inseguridad ciudadana, la cual debe ser enfrentada de manera enérgica y frontal. Autorizar que las Fuerzas Armadas realicen labores de vigilancia en apoyo a la acción de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando se lleven a cabo mega-operativos, o para brindar seguridad en instituciones públicas, permitirá que muchos más efectivos de la PNP enfrenten a este flagelo en el más breve plazo. Necesitamos una política de seguridad ciudadana pensada en el mediano y largo plazo; pero también es cierto que las personas que han sufrido asaltos o son sometidas a la extorsión de grupos delincuenciales esperan una acción pronta y efectiva del Estado. Además, una medida de este tipo, servirá como una muestra de apertura a una de las propuestas del fujimorismo.

PPK no debe someterse a “la cuota de poder” que reclama la izquierda, ya sea directamente o a través de su aparato de prensa. El presidente electo ha recibido el encargo ciudadano de continuar con la reducción efectiva de la pobreza, y esta se logra principalmente mediante el estímulo a la inversión privada directa. Los programas sociales son importantes, pero su financiamiento solo es posible si los ingresos del Estado son crecientes. Las personas no esperan dádivas de algún organismo gubernamental, quieren ser autónomas, afirmarse y crecer gracias a un trabajo digno, con condiciones adecuadas para desempeñar su labor. Nadie en su sano juicio propone la precarización del trabajo, sino el reconocimiento legislativo de la realidad; y no aferrarse a una norma vigente que deja a la mayoría de trabajadores en la informalidad, privándolos y excluyéndolos de cualquier beneficio.

Durante la campaña electoral PPK fue acusado de representar a los grandes empresarios, en contraposición a los medianos y pequeños. En ese sentido, hay que fortalecer el emprendimiento de nuestra población y la mejor manera es ayudar a que las pequeñas y medianas empresas se consoliden en sus primeros años de vida, que es precisamente el período en el que el mayor número de nuevas empresas deja de operar. En lugar de hacer de la SUNAT un escollo para el crecimiento y la consolidación de los nuevos emprendimientos, convirtámosla en una acompañante en el proceso de formalización. Las empresas que se formalizan contribuyen al desarrollo nacional con el pago de sus tributos, mientras que las que siguen en la informalidad demandan servicios sin aportar a su financiamiento.

La principal diferencia entre las grandes empresas y las pequeñas es su dimensión; pero ambas tienen por objetivo generar riqueza y un entorno social cada vez mejor. La pequeña empresa es generadora intensiva de puestos de trabajo que evita, indirectamente, que un mayor número de personas se integren a las actividades delictivas. La gran empresa también cumple una finalidad similar; pero adicionalmente, por su dimensión, se convierte en un gran faro dinamizador de la economía. Por eso es que el estímulo a las grandes inversiones resulta importantísimo para garantizar el crecimiento sostenido.

Esperemos que el próximo gobierno tenga presente que sus objetivos de largo plazo se harán realidad solo si cuenta con respaldo suficiente en el corto plazo.
 

Guillermo Vidalón del Pino