Condicionar la migración

La crisis humanitaria causada por la corrupción política nunca antes vista en la historia latinoamericana, denominada del “Socialismo del XXI”, está ocasionando problemas geopolíticos. Pero también,brinda una oportunidad para aprovechar lo mejor del recurso humano venezolano y sancionar con la mayor rigor a aquellos que delinquen.

La hipocresía de la oenegé izquierdista Human Rights Watch (HRW) que demanda alimentación y casa para los migrantes, sin especificar cómo y porqué un país como el Perú, que debe atender prioritariamente a sus habitantes, tendría que destinar recursos económicos para satisfacer las expectativas de dicha institución. O es que, según su entendimiento, los peruanos debemos trabajar para sufragar los gastos que implica atender a los migrantes. Eso es absurdo y resulta un contrasentido a los objetivos que debe cumplir todo Estado. La república del Perú se estableció con la finalidad de proporcionar seguridad interna y externa, y justicia de acuerdo a la ley a todos los peruanos.

¿Qué principio ético establece que el gobierno peruano debe privar de recursos a sus ciudadanos para atender a quienes han venido huyendo de su país? Ninguno. Sin embargo, como apuntaba Albert Einstein: “La crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes”. También las iniciativas y las propuestas razonables que permitan una migración ordenada que contribuya al fortalecimiento y desarrollo del Perú.

En principio, los migrantes ilegales deben ser detenidos y expulsados, pero “sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho”. El Gobierno podría modificar las leyes de migración y proponer, por ejemplo, que aquellos ciudadanos extranjeros que deseen obtener la condición de residente deben cumplir previamente con el “Servicio Civil Migratorio”, que podría ejecutarse mediante el trabajo en el desarrollo de infraestructura pública; como podría ser la construcción de carreteras de penetración que integren al país por un lapso de años a definirse a cambio de alimentación y proporcionarles educación y salud para ellos y sus menores hijos. Este servicio también podrían realizarlo en la construcción de escuelas y postas médicas en las zonas de residencia que le asigne el Estado nacional, así como también en la edificación de centros penitenciarios.

Perú tiene experiencia ancestral en este tipo de trabajo, que se denomina minka o minga en quechua, que significa: “solicitar ayuda prometiendo algo”. Tengamos presente que, a la fecha, el país no cuenta con carreteras que interconecten la costa con Iquitos y que los migrantes venezolanos están habituados a altas temperaturas. Bien podrían realizar esta labor bajo supervisión de las Fuerzas Armadas.

No se propone ni castigo ni sanción alguna para el migrante honesto y trabajador, ya sea venezolano o procedente de otra nacionalidad. El Perú tiene el derecho a condicionar su admisión a cumplir con una labor que requiere el país en aquellos lugares donde la mano de obra resulta escasa. Los profesionales que sean competentes y que hayan estudiado las especialidades que el país necesita podrían cumplir dicho servicio bajo el desempeño de su propia especialidad, como pudiese ser un profesor de inglés o un ingeniero especializado en la construcción de carreteras, redes de agua potable donde no haya profesionales nacionales que pueden desempeñar dichas funciones.

Sin embargo, es obvio que hay un grupo minoritario de migrantes que son delincuentes, que se han dedicado al sicariato, al robo y la extorsión, incrementando la criminalidad y la inseguridad ciudadana. El Gobierno debería capturarlos y enviarlos a algunas de las islas costeras, donde podrán ser albergados en carpas mientras construyen ellos mismos centros de reclusión.

El Perú da la bienvenida a los migrantes que quieren contribuir al desarrollo del país, pero de ninguna manera debe aceptar la permanencia de personas que no desean trabajar y que han venido a delinquir.