¿Comprensión chatarra?

Cuando la reacción intuitiva se impone sobre el análisis técnico responsable

Hace no mucho publiqué una columna en el Diario Gestión (Alimentación saludable “a mi manera”, 13/8/2014) cuestionando las críticas que se habían formulado desde algunos sectores a la propuesta de reglamentación de la Ley de Alimentación Saludable. En dicha columna sostuve que era mejor promover la competencia por revelar información positiva que obligar a las empresas a revelar información negativa. El señor Fernando Eguren. en la “La Revista Agraria” (Centro Peruano de Estudios Sociales, Edición No. 165, 2014) tergiversa, a mi entender, mi visión de las cosas argumentando que yo habría sostenido que “la información negativa se debe ocultar”.

Esta alucinante conclusión –que no se desprendería de una lectura informada de mi comentario- aparece en el editorial que redacta no sin antes endilgarme el rótulo de “representante de los intereses empresariales” sin tener, hasta donde he podido advertir, la cortesía de citarme (en efecto, aunque alude a la fuente, no menciona mi nombre en ningún momento. De ser ese el caso, vale la pena recordarle respetuosamente que revise el texto del artículo 44º del Decreto Legislativo No. 822). Lo cierto es que jamás he sostenido que la información negativa deba ocultarse, lo que he sostenido es que promoviendo la revelación de información positiva de las empresas, es probable que aquellas que tienen atributos negativos terminen perdiendo la batalla competitiva.

En otras palabras, mi planteamiento es absolutamente técnico y se sostiene en varias ideas que podrían resumirse en las siguientes: (i) que las empresas tienen incentivos para revelar información positiva útil de su oferta e información negativa veraz de la competencia; y, (ii) que las empresas tienen incentivos para evadir una prohibición legal focalizada exclusivamente en la revelación de información adversa a la propia oferta.

Necesitamos acostumbrarnos a efectuar un análisis técnico de los planteamientos antes de reaccionar intuitivamente. El argumento de que el Estado debe cuidar a los niños porque, si no se hace así, después se tendrá que asumir la factura de niños obesos es, por decirlo menos, efectista. No creo que el Estado deba comprar planteamientos que importen emplear los recursos de todos en políticas públicas de dudoso estudio detenido.

Finalmente, me gustaría decir que, aunque no tendría nada de malo representar intereses empresariales, mi opinión sobre el tema es académica como, creo, he podido revelar con el presente comentario. En ese orden de ideas, creo que en aras de un debate sano e informado, deben respetarse todas las opiniones sin rotularlas de uno u otro modo o sin tergiversarlas. Creo que son los intereses nacionales los que demandan de nosotros discusiones alturadas y análisis serios. Es, más bien, cuando comentamos con especulaciones, sin remitirnos a la evidencia empírica seria y a la discusión teórica profunda, que nuestras opiniones podrían, al final del día, terminar subordinando el interés público al interés privado.

Por Gustavo Rodríguez García