¿Cómo reactivar la economía poscoronavirus?

Es cierto que debemos enfrentar los retos de la grave crisis económica desencadenada por efecto del coronavirus. Pero en el caso del Perú, también es cierto que antes de la crisis sanitaria ya había signos preocupantes de una crisis económica en ciernes, porque se había perdido fuerza y dinamismo en el crecimiento económico. El desempleo aumentaba día a día, mientras se manifestaba la grave irresponsabilidad estatal –frente a la ralentización– de enfrentar gasto corriente con deuda. No olvidemos que todo esto ya pasaba antes de la crisis sanitaria.

Sin embargo, quienes vivimos directamente y con responsabilidades familiares la grave crisis de 1990 en el Perú, fuimos testigos y partícipes del enorme esfuerzo que hicimos todos para vencerla. De ese modo, podemos decir que, como ya lo hicimos, ahora sabremos qué hacer. No hace falta elucubrar “brillantes y exóticos” planes (véase las comillas) por parte de “científicos” sociales que ya han perpetrado reiterados despropósitos en el (des)manejo de esta crisis sanitaria. Esos funestos personajes que siguen medrando del poder deben desaparecer de la escena pública, ahora y para siempre.

Teniendo en cuenta todo ello, lo que debemos hacer tiene base en cuestiones de pleno sentido común, a semejanza de lo realizado entre 1990 y 1997: libertades económicas. No hay otra forma sólida y sostenible para generar riqueza. Pero también debemos tener en cuenta lo que no debemos hacer, identificando errores de los noventa que no debemos repetir.

Lógicamente también debemos considerar diferencias entre el Perú de 1990 y el Perú del 2020. En 1990 éramos un país al borde de la inviabilidad, destruido por políticos sin escrúpulos, por empresarios mercantilistas y por extremistas terroristas de izquierdas que pretendían imponer su sangrienta ideología, cada grupo por su cuenta. En 2020 somos un país de ciudadanos dinámicos, emprendedores, una sociedad que –con todos sus problemas– sigue avanzando en relativa prosperidad. Pero con políticos sin escrúpulos, empresarios mercantilistas y extremistas elitistas de izquierdas –todos juntos– que pretenden destruir lo avanzado para imponer un “nuevo” modelo.

En el contexto de retomar el camino de las reformas y disponer el mayor grado de libertad económica que sea posible, es imperativo que reconozcamos y corrijamos los errores cometidos en los años noventa. Aquí los más notables:

• No debe favorecerse desde el Estado ni monopolios ni oligopolios que afecten y perturben el desarrollo y consolidación de un mercado competitivo. Tanto en telecomunicaciones como en banca, se perpetraron errores que perjudicaron nuestro mercado con más sobrecostos, malas prácticas e ineficiencias.
• No debe permitirse el festín de falsas consultorías y publicidad estatal en los medios de comunicación, modalidades cuasidelincuenciales que han significado un gran despilfarro de recursos, perdiendo la formidable reducción de gastos, lograda con racionalización de personal en aparato estatal en los noventa. Es imperativo reducir a la cifra mínima tanto las consultorías como la publicidad absolutamente innecesarias y onerosas, en vez de promoverse corruptamente cada vez con mayor fuerza desde el Gobierno central. Debe incluirse también una revisión de un posible incremento innecesario en burocracia estatal durante los últimos 20 años, para una ineludible racionalización.
• No debe dejarse a su suerte el crecimiento desordenado de los emprendimientos pequeños y medianos. Desde el Estado debe promoverse estos emprendimientos, bajo un marco legal que simplifique la formalización, además de aplicar impuestos mínimos siempre y cuando al mismo tiempo aseguren una contraprestación eficaz por parte del Estado. Este principio tributario debe extenderse a toda actividad. En general, debemos entender que es totalmente absurdo proponer más impuestos ciegos en el contexto de un plan de reactivación económica. El rol del Estado es acompañar iniciativas de sus ciudadanos y no oficiar como inflexible guardián, menos aún como extorsionador fiscal.
• No debe mantenerse un sistema de pensiones con cotización obligatoria, como el actual sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Aunque reconocemos que jugó un rol importante para reconstruir el ahorro nacional luego de su destrucción en el periodo 1968-1990, hoy las condiciones están dadas para ir a un sistema mixto, con una parte de cotizaciones obligatorias que aseguren una pensión mínima y otra parte de inversiones voluntarias en instrumentos del mercado financiero, no necesariamente –ni en uno ni en otro caso– con intermediación de las AFP. Debe reducirse al mínimo, y mejor si se elimina toda actividad rentista que provenga de disposiciones estatales, como las que hoy amparan las rentas que ganan las AFP.
• No debe aceptarse que actividades económicas como la minería u otras puedan ser blanco fácil de políticos populistas en busca de votos. Todo desacuerdo entre ciudadanos y empresas extractivas debe resolverse como un conflicto de dos partes que se sentarán a negociar bajo un marco legal consensuado por la sociedad para fomentar, y no para impedir, tales actividades extractivas. El Estado no debe intervenir sino como excepción.
• No debe permitirse integración de ciertas actividades económicas diversas que no solo limitan la competencia en el mercado, sino que abre campo fértil para malas prácticas y corrupción en complicidad con Estado. Es el caso de los medios de comunicación, cuyos propietarios deben limitar su participación en la gestión y control de otras industrias. También debemos revisar la conveniencia de que los bancos inviertan en la constitución de las AFP, y verificar posible concertación de empresas dentro de grupos económicos en contra de la libre competencia. La libre circulación de capitales e inversiones debe condicionarse asimilando experiencias negativas como las señaladas, recurriendo incluso a la legislación comparada.
• No debe abandonarse la acción de subsidiariedad por parte del Estado, tanto en servicios educativos como en salud. Tampoco debe descartarse la privatización de las entidades que hoy son controladas por el Estado, para ser devueltas a la sociedad civil. Ya es absurdo que no se avance como debe ser en la dotación de agua potable y servicio de alcantarillado, carencia que afecta a diez millones de peruanos en pleno siglo XXI. Igualmente, se debe culminar con lo que resta de electrificación (sobre todo rural). Debe revertirse la estatización de EsSalud –que se reforzó en los años noventa, en contra del sentido que tuvieron las reformas de entonces– para devolverla a sus legítimos propietarios, los aportantes. No tiene ningún sentido que Estado controle y administre pésimamente los aportes, tanto de ciudadanos como de empresas, cuando se puede gestionar mucho mejor con una fundación y la participación activa de aportantes en el nombramiento de sus representantes, directivos y altos ejecutivos. 

Estos son solo algunos de los errores que no debemos volver a cometer, en el contexto de un plan de reactivación, siempre en la línea de fomentar libertades económicas y generar riqueza y bienestar. Y al mismo tiempo, incorporar el aprendizaje de aquello que nos ha hecho incurrir en excesos y desviaciones que pagamos finalmente con pobreza, desequilibrios y conflictos sociales.