CNE: miradas públicas

En los últimos días hemos sido testigos de una serie de opiniones y sugerencias en torno a la renovación de los integrantes del Consejo Nacional de Educación (CNE), creado en el año 2002 como expresión de reapertura a la vida democrática e interés por el discurrir educativo en el país. El CNE tiene como funciones: 1) Promover la concertación entre el Estado y la sociedad civil en la formulación, el seguimiento y la evaluación del Proyecto Educativo Nacional (PEN), las políticas y los planes educativos a mediano y largo plazo, 2) Opinar de oficio en asuntos concernientes a la educación; 3) Promover y vigilar los acuerdos y compromisos a favor del desarrollo educativo nacional.

Los encargados de estas tareas son 25 consejeros, designados y renovados cada cierto tiempo por el Ministro de Educación. Es importante reconocer que la elaboración concertada del Proyecto Educativo Nacional, aprobado el año 2007, lograría un inmenso respaldo por organizaciones sociales, culturales, políticas religiosas y gremiales del país esperanzados en el futuro de la educación, expresada en la Visión al 2021: “Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país, combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales”. 

Desde entonces mucha agua ha corrido bajo el puente. Hemos sido testigos, junto al acierto en la construcción del PEN y los Proyectos Educativos Regionales, de actitudes alejadas de sus funciones y en muchos casos de lo justo, como por ejemplo: la “promoción” de algunos consejeros y “especialistas” a cargos de alto nivel en el Ministerio de Educación, predominando notoriamente vínculos familiares; las advertencias sobre relaciones contractuales a través de consultorías directas o mediadas por ONG afines; el silencio ante la imposición de ideologías de confrontación en el currículo escolar; evidenciando un deterioro en su credibilidad y desempeño. 

Lo señalado, de ninguna manera niega los aciertos del CNE; tampoco la presencia de algunas connotadas personalidades, cuyo prudente proceder, en el marco de lo ético y valorando las opiniones externas, debería ceder espacio a la defensa de la pluralidad, autonomía e institucionalidad, reclamada cada vez con más fuerza por la ciudadanía. Pareciera ser momento de recordar a Martin Luther King cuando señalaba: “Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos”.

La importancia y trascendencia de este organismo está fuera de duda. Sobre todo cuando las actuales circunstancias viene mostrando debilidades del sistema educativo para asegurar aprendizajes básicos en nuestros hijos; disminuir brechas existentes entre escenarios urbanos y rurales; reducir distancias digitales como expresión de diferencias sociales, económicas y culturales; mejorar capacidades docentes para afrontar realidades adversas; convocar profesionales competentes en niveles de conducción central, entre otros. 

Por ello, el solo hecho de que los ciudadanos pongan su mirada en el CNE constituye un buen síntoma que debe llevar al Gobierno a instruir a su ministro a “tomar el toro por las astas”. Previa revisión de su composición, y poniendo por delante aspectos éticos centrales, el ministro debe proceder, por un lado, a una plural nominación en función de los intereses educativos del país; y por otro, a realizar una verdadera investigación sobre el uso de los recursos de su sector en materia de consultorías por los consejeros, trabajadores y ONG, vinculadas a ellos, a fin de confirmar las insinuaciones en curso. Responsabilidad que, en su labor fiscalizadora, también corresponde al Congreso de la República.