Caso Petroperú pone en debate a empresas estatales

La grave situación por la que atraviesa Petroperú, pese al salvavidas lanzado desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha generado un oportuno debate sobre el desempeño de las empresas estatales. Estas empresas son 36, de las cuales 35 se encuentran en el ámbito del holding Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), a las que se adiciona la mencionada petrolera estatal. 

A excepción de Petroperú, estas empresas no han necesitado mayor apoyo del tesoro público. Más bien han pagado impuestos, dejado utilidades y saldos presupuestales positivos que, en el caso de EsSalud, no tienen razón de ser. 

La prestación del servicio en EsSalud es pésima; sin embargo, en la última modificación presupuestal se preveía para el 30 de septiembre un superávit de 500 millones de soles (MMS/.), siendo la cifra registrada a esta fecha de 780 MMS/. Es decir, le sobran fondos, mientras los pacientes languidecen. 

La visión que tiene el MEF y sus satélites –Fonafe e Invierte, (Sistema Nacional de Programación Multianual y de Programación de Inversiones)– de las empresas de propiedad del Estado está basada tres componentes: piensan que están pendientes de privatización, deben ser aportantes al Presupuesto General de la República y no deben registrar saldos presupuestales negativos que influyan en el déficit fiscal. Esta es su santísima trinidad, y todo lo que se actúe está supeditado a ella. 

Sobre la privatización, en el MEF se ha transmitido en tres generaciones que todavía se puede seguir entregando empresas al capital privado y, por tanto, cumplen a pie juntillas la monserga de que solo deben cumplir rol subsidiario. Eso explica por qué en las 16 empresas del sector electricidad (11 distribuidoras y 5 generadoras) que controlan, no se hacen las inversiones suficientes que permitirían dar una buena calidad de servicio. 

Sedapal, es otro ejemplo de empresas que algunos piensan que se puede vender. Es clarísimo que con las tarifas que cobra a sus usuarios no tiene los ingresos suficientes para expandir redes de saneamiento ni mejorar las existentes. Es un servicio vital, sus carencias nos han significado no pocas pérdidas de vida durante la pandemia del Covid, ante la indolencia en el predio del jirón Junín.

En el ámbito del MEF parecen no haber aquilatado que con el “arequipazo” de junio del 2002, que fue una protesta contra la venta de las generadoras sureñas (Egasa y Egesur), el ciclo privatizador se acabó, por lo que, en los casos reseñados –eléctricas y Sedapal– tienen que planificar una gestión del más alto nivel en manos estatales. 

Otro caso importante se presenta en el Banco de la Nación, confinado a ser única oferta bancaria en lugares inhóspitos, y al que no se le deja reinvertir las utilidades que obtiene para actualización tecnológica, ser competitivo y dar buena atención al usuario. La entrega de bonos a personas de bajos recursos ha sido un desastre porque no se contó con un buen registro que compatibilice con el documento nacional de identidad. 

Por el dispendioso manejo de los recursos de Petroperú –que se ha hecho con la complacencia de los gobiernos de Humala, Kuczynski, Vizcarra, Sagasti y Castillo, y de los miembros del Congreso correspondientes– queda la sensación del desmanejo empresarial del Estado. Sin embargo, no se puede generalizar. He reseñado unos pocos ejemplos, en los que la responsabilidad recae en el MEF. 

Un tema que no se puede soslayar es la designación de funcionarios, muy desacreditada en este gobierno. Es el resultado de la gran falta de madurez política, de la que deben tomar nota todos los partidos: ninguno tiene equipo propio de técnicos, por lo que recluta entre conocidos y amigos. Hagan autocrítica, señores, y formen cuadros para el manejo del Estado y sus empresas.