Caso Goray y fallida supervisión del Estado

El caso Sada Goray –que precipitó a Pedro Castillo a realizar su intentona golpista, al ponerse al descubierto una red de corrupción que lo alcanzaba– ha demostrado la pésima gestión tanto del Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), como de las Oficina de Control Institucional (OCI) del Fondo Mivivienda, por lo menos. Y puede alcanzar a las OCI de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). 

La trama tuvo como epicentro el Fondo Mivivienda, donde el relevo de miembros del directorio para conformar una mayoría que beneficiaba a la empresa Marka Group, de la cual Sada Goray era directiva, se hizo con la venia del Fonafe. Se puede argumentar que los nombrados cumplían con el perfil profesional requerido y eso exoneraría a los capitostes del holding estatal de responsabilidades. Sin embargo, este argumento no resiste el menor análisis. 

La decisión que tomó la mayoría ingresante al directorio de Mivivienda, de aceptar aportes para los fideicomisos (fondos administrados para el financiamiento) por debajo de lo que establecían las políticas institucionales, que habían sido denegados a Marka Group por los tres directores relevados, ya eran señales más que evidentes de favoritismo indebido. ¿Dónde estuvo la dirección ejecutiva y el directorio del Fonafe, así como la OCI del Fondo; cuya inacción ha quedado de manifiesto?

Es importante detenerse en analizar la conformación del directorio del Fonafe para hacer un juicio de valor. Lo integran los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (quien preside), Energía y Minas, Vivienda y Construcción, Transportes y Comunicaciones, así como el Presidente del Consejo de Ministros. Habrá que individualizar responsabilidades, aunque ya se sabe que tanto en Vivienda y en Transportes había complicidad de los ministros con el mandatario Castillo, que ha derivado en prisión para el primero y en fuga del segundo.

Lo que más me sorprende es la actitud de los 3 ministros que pasaron por Economía y Finanzas en los 16 meses y días que estuvo Pedro Castillo en la presidencia. El beneficio de la duda por lo menos los pone en la categoría de desinformados de lo que pasa en instituciones de gran importancia como Mivivienda, que muestra una desconexión de lo que ocurre en dependencias bajo su órbita. 

Se supone que el Fonafe tiene en los directorios de las 35 empresas, (Mivivienda es una de ellas) y EsSalud, que gestiona; representantes que informan periódicamente a la dirección ejecutiva de lo que ocurre en éstas. Es indispensable en las investigaciones en curso, determinar si ha habido reportes de directores o hubo negligencia al no informar. 

Sobre la OCI de Mivivienda hay mucho que reprocharle, lo que ocurría en el directorio data del último cuatrimestre del 2021, y fue un informe periodístico elaborado un año después y basado en denuncias de exfuncionarios del Fondo, la que puso el caso en la opinión pública. 

La interrogante central es ¿fue la Contraloría General de la República informada por la OCI? De haberlo hecho, sería extraño el silencio del Contralor que es muy solícito para las cámaras y el micrófono, cuando de denuncias sonadas se trata. De no haber informado estarían incursos en grave responsabilidad. 

Queda meridianamente claro que el monitoreo del Fonafe sobre las empresas e institución bajo su ámbito es deficiente, no puede ser posible que se capture directorios de empresas y se actué con favoritismo a privados, sin que se enteren. Lo que se viene haciendo evidente desde la gestión Castillo hasta la fecha es que el MEF ha perdido el liderazgo que caracterizaba a los inquilinos del predio del jirón Junín, que iban hasta por encima de los que ocupaban el premierato.