Boluarte y Otárola: un Gobierno que no gobierna

Ahora hay un hecho concreto, debidamente registrado: el Perú está en recesión. La producción nacional está en caída, y eso significa que contaremos con menos recursos económicos para hacer frente a las demandas sociales y al fenómeno de El Niño 2023-2024. También significa que el empleo formal se va a contraer, que la informalidad se incrementará y que disminuirán los ingresos de los más pobres.

Como consecuencia de la recesión la demanda interna se contrae, la capacidad de compra disminuye y los fabricantes deciden producir menos porque su expectativa es que los consumidores carecen de dinero para comprar sus productos. La lógica del industrial será “no necesito más trabajadores porque debo producir menos”. Esto representa el círculo vicioso más negativo para las perspectivas de la economía nacional. Menor generación de riqueza y menor recaudación tributaria, y ello se va a reflejar en la suspensión de los proyectos de inversión que tenía previsto ejecutar el sector público, así como en el perjuicio en la calidad de los servicios que brinda el estado. Ya lo estamos viviendo con la crisis de la seguridad ciudadana, la delincuencia ha incrementa sus actos y ferocidad sin que el Estado elabore una estrategia de respuesta más allá de afirmar que existe un Plan Boluarte.

Todo esto resulta más negativo porque el gobierno de la dupla Dina Boluarte y Alberto Otárola no toma decisión alguna para revertir esta situación. La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) va de caída. En abril del 2022, cuando alertamos sobre la necesidad de promover de manera agresiva la inversión privada, el PBI registraba una evolución de alrededor de 2.02% para caer a -0.93% en enero del presente año, gracias a las turbas violentistas que lanzó a las calles el golpista Pedro Castillo y la organización criminal Perú Libre, dirigida por el hoy prófugo de la justicia Vladimir Cerrón.

Pese a los esfuerzos de Alex Contreras, ministro de Economía y Finanzas, el PBI sigue en terreno negativo y lo más probable es que continúe allí por la negligencia del Gobierno, que no quiere tomar el toro por las astas y decir vamos adelante con la inversión privada y enfrentaremos decididamente a la delincuencia. Más allá que en el Perú se encuentre limitada la aplicación de la pena de muerte, lo que sí está sucediendo diariamente es el asesinato por acción del sicariato y la extorsión a los pequeños y medianos emprendedores. Pero el Gobierno parece actuar como si nada ocurriese, coactando la eventual acción de respuesta de la Policía Nacional del Perú.

Sin seguridad no hay inversiones, y sin decisiones gubernamentales trascendentales el Perú continuará a la deriva. La dupla gobernante debe tener claro que sus ex aliados y, en especial los caviares, los van a perseguir hasta encarcelarlos una vez culminado su mandato. Su única opción para mantenerse en libertad es lograr el respaldo de la ciudadanía, ya sea por la derrota de la subversión urbana o por la generación de empleo. ¿Escucharán Boluarte y Otárola el clamor de la población?