APP se une a la izquierda

El 3 de junio Luz Rebeca Cruz, congresista de APP, con la firma de varios de sus compañeros de bancada, presentó una Propuesta de Reforma Constitucional que Modifica el Régimen Económico de la Constitución.  Con ello parecería que APP se ha unido en bloque a las voces hostiles contra el capítulo económico de la actual Constitución. El partido de César Acuña se ha alineado en varios de los componentes de este proyecto con la izquierda radical (Gregorio Santos, Walter Aduviri, Vladimir Cerrón), con la izquierda con bancada congresal (Nuevo Perú, Frente Amplio) y con el ministro Zeballos, quien evidenció sus preferencias ideológicas hace algunas semanas.

En el documento, se hace un diagnóstico del desempeño económico del Perú de los últimos años. Por el lenguaje y los elementos incluidos, el texto corresponde más a lo que esperaríamos de un partido de izquierda que de uno que se ha mostrado políticamente más bien moderado y centrista. A continuación analizaremos unos extractos de esta propuesta, que nos parecen indiciarias de la profunda desinformación con la que fue elaborada.

Por ejemplo, se desconoce el impresionante proceso de reducción de la pobreza que el Perú mostró tanto en los noventa como en los primeros años del nuevo milenio.  Esta reducción es muy clara, según la gráfica que compartimos del Banco Mundial.  Sin embargo, APP justifica su propuesta por el incremento de la pobreza en ¡un año! (2017).

De manera similar, para demostrar que la brecha de desigualdad está aumentando, utiliza el caso del incremento de riqueza de un peruano, sin acudir al coeficiente de Gini (medida más usada para calcular la desigualdad de ingresos), que no solo ha disminuido con la C93, sino que es uno de los más bajos del continente.  La siguiente gráfica con información del Banco Mundial muestra este descenso: 

No obstante, lo más preocupante se encuentra en las propuestas específicas de cambio constitucional.  Por ejemplo, en el Artículo 60 propone abrir la puerta a la participación del Estado en la economía a través de aprobación congresal “cuando sea insuficiente la inversión privada para alcanzar los objetivos de desarrollo local, regional o nacional”.  Un Congreso populista podría proponer, dentro de la Constitución, una línea aérea de bandera, por ejemplo, basándose en que considera que la cobertura dada por la oferta privada actual es insuficiente y no se alinea con el objetivo de desarrollo de alguna localidad.  ¿Quién decide cuáles son los “objetivos” de desarrollo? Esto viabiliza una serie de acciones populistas, a nivel nacional y regional, en varios sectores.

En la propuesta de modificación del artículo 62 se afirma que “los contratos pueden ser modificados o renegociados (…) cuando existan causas que los justifiquen como la lesión, excesiva onerosidad y sean de interés nacional.”  Esta medida abre la posibilidad al gobernante de turno a modificar un contrato si así lo considera, con una declaración de “interés nacional”, que podría justificarse por alguna motivación política. Brinda además al Gobierno una amenaza muy creíble frente a las empresas y sus contratos, que pueden desencadenar actos de corrupción, disminución de inversiones actuales y futuras, y el incremento del riesgo país.

Es poco probable que los congresistas de APP hayan suscrito  esta iniciativa política por razones ideológicas, como lo hacen los partidos de izquierda.  La congresista puede haber leído el descontento que existe en la población por la falta de dinamismo económico y el deseo por realizar cambios en esa dirección.  Sin embargo, el problema puede estar más bien en la despriorización de la gestión económica de los últimos gobernantes, y no en el modelo propuesto por la C93, que ha demostrado su valía.  Lamentablemente, la falta de interés (o capacidad ejecutiva) del Gobierno de Vizcarra en volver a la vía del crecimiento, contribuye a generar las condiciones para que iniciativas de este tipo sean más frecuentes en el futuro cercano.