Ante crisis judicial, soberanía popular

Que el presidente haya podido pensar en recurrir a las Naciones Unidas para que le resuelvan el problema de la corrupción en parte del sistema judicial le incapacita para seguir como jefe del Estado. Si él está pensando en rendirse y entregarse a las Naciones Unidas para que le reorganice el Poder Judicial debería convocar elecciones. Si él se siente incapaz, que deje el puesto y que sea el pueblo el que elija a quien lo tenga que hacer. El papa Ratzinger, cuando no se sintió con fuerzas para liderar la Iglesia y afrontar la corrupción interna —y el cáncer de la pederastia— dimitió e hizo que el órgano soberano eligiera a otro. Ratzinger había sido elegido. El problema de Vizcarra es su escasa legitimidad democrática: fue elegido presidente por inetgrar la plancha del presunto corrupto e incapaz PPK. Solo desde esa debilidad se puede pensar en entregar la soberanía judicial de la República a una organización de funcionarios, no elegida por nadie, como es Naciones Unidas.

El mayor fracaso de la República del Perú sería que, a menos de dos años del Bicentenario de la Independencia, se reconociese tan inmadura, tan inútil, tan fracasada que necesita recurrir a la tutela de las Naciones Unidas. Bien es cierto que semejante tontería solo puede venir de alguien de origen argentino. Dentro del sinsentido total de la idea, solo falta que los funcionarios de Naciones Unidas digan que se otorgue la reorganización judicial, por similitudes estructurales y de tradición, a tipejos vinculados a la izquierda como el ex juez español Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial por prevaricación, y que —por supuesto— también ha sido asesor de la “inmaculada” Cristina Kirchner.

Todo la corrupción que apesta en el establishment peruano no moviliza al pueblo a las calles, como le gustaría al periodista Gorriti, porque el Perú funciona. Con defectos, pero funciona. El Perú es capaz de descubrir, señalar, separar y procesar —aunque el debido proceso alarga todo demasiado— a aquellos que han cometido delito de corrupción. Recordemos que contra la corrupción, por muy elevada que sea, la solución es la legalidad.

La estructura constitucional vigente en el Perú sirve para el desarrollo del país. Sirvió en el fujimorato y ha servido para la democracia. Los que no sirven al país son los políticos, jueces, fiscales, empresarios y periodistas corruptos. Que son todos los que lo son, siempre demasiados. Pero no todos los políticos, jueces, fiscales, empresarios y periodistas lo son. Por eso el Perú tiene futuro y tiene la obligación de seguir construyéndolo.

El camino decente, ante la manifiesta y escandalosa incapacidad de hacer nada del presidente, es la convocatoria de elecciones. El pueblo peruano no está en crisis política. La soberanía popular —en democracia— nunca está en crisis mientras la democracia real sea el sistema. Así, la única formula legítima que tendría Vizcarra para recurrir a Naciones Unidas, para que vengan a hacer lo que él y su Gobierno no saben hacer, sería convocar un referéndum nacional preguntando a la ciudadanía si aprueba  esa solución. Y como todo referéndum debería llevar una condición: si el pueblo respaldara la petición del presidente, este tendría toda la legitimidad para hacerlo y recibiría una legitimidad de origen de la que hoy carece. Si el pueblo peruano votara “no”, el presidente Vizcarra debería renunciar inmediatamente a la presidencia de la República y convocar elecciones.

Está todo inventado. Que hable la soberanía popular a través de las urnas. La democracia real no está en crisis. La solución no tiene nada que ver con ceder la soberanía o movilizar las calles y las turbas para imponer las soluciones dirigidas por esa izquierda caviar que pretende seguir manipulando para mantener sus privilegios.