AGUA: DE LA ESCASEZ A LA ABUNDANCIA

Necesitamos recursos para afrontar los fenómenos naturales

Hasta hace pocas semanas la preocupación principal del sector agricultura era el retraso en las lluvias y, por consiguiente, el riesgo de que se eche a perder la presente campaña agrícola.  Las declaratorias de emergencia a lo largo de la costa se multiplicaron y la solución más próxima era la obtención de agua procedente del subsuelo, mediante la construcción de pozos. El tiempo pasó, la disputa por la poca agua existente en el reservorio de Pasto Grande se agudizó, las autoridades de Arequipa y Moquegua manifestaron que iniciarían procesos judiciales para forzar la disposición del líquido a favor del valle de Tambo; hasta que las lluvias comenzaron y pasamos de la escasez a la abundancia.

Ahora, el problema no es la falta de agua sino su abundancia. En uno y otro caso la agricultura es afectada, porque sin agua es imposible garantizar que los campos sean cultivados en la oportunidad debida; y cuando se produce una mayor precipitación pluvial, el exceso del agua que discurre en los ríos, arrastrando elementos propios de la naturaleza y creados por el hombre, termina por destrozar los sistemas de encauzamiento de los ríos, los canales de irrigación, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer?

1. Reconocer que la ocurrencia de fenómenos de la naturaleza, como el antes descrito, entre muchos otros, forma parte de nuestra cotidianeidad. Por lo tanto, deben ser estudiados, tratados y enfrentados como tales.  La sociedad peruana tiene que incorporar dichos costos y son sus autoridades quienes deben proponer la estrategia más adecuada para minimizar el impacto de la naturaleza.

2. Aprovechar el mayor volumen de agua para garantizar su disponibilidad en épocas de estiaje, mediante la construcción de infraestructura hídrica (represas, defensas ribereñas, canales de irrigación y distribución, entre otros).

3. Diseñar la estrategia más adecuada para financiar dichas obras al menor costo social. Si no lo hacemos, de una u otra forma la colectividad los asume; y al no administrarse el fenómeno natural, los costos terminan siendo mucho más significativos y perjudiciales para todos. 

Tengamos presente que cuando se producen sequías los productos del campo escasean; por consiguiente, la calidad disminuye y el costo de los mismos se incrementa, lo cual es asumido por el consumidor a través de la inflación generada. En el caso de la abundancia de agua, si no se han construido defensas ribereñas ocurre “el desborde” de los ríos, la destrucción de caminos, canales de irrigación y sistemas de distribución.  Los costos ocasionados por este fenómeno son  trasladados a la sociedad peruana mediante el incremento de los precios de los productos.

Un campo inundado es un campo cuya producción deja de ingresar al mercado. Al haber una menor oferta y mantenerse casi inalterable la demanda alimenticia de los consumidores, los precios de los productos con menor oferta tenderán a subir. Y si a esto le añadimos el costo del flete, incrementado por la interrupción de las vías de transporte, el resultado final es una inflación significativa en el rubro de los alimentos que necesariamente asumen los consumidores (la sociedad peruana). 

Al respecto, el Ing. Abelardo de la Torre, Jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) manifestó recientemente: “los ríos no se desbordan, son las personas quienes se meten a los cauces de los ríos”. Entonces, ¿qué se podría hacer para reducir el riesgo de la escasez y la abundancia de agua?

Por un lado, el Perú es un país cuyos recursos naturales son inmensos. No obstante, sus recursos financieros son limitados.  Necesitamos generar más recursos para afrontar los fenómenos naturales que siempre nos acompañarán.  Tengamos presente que existe registro histórico de un silencio sísmico en Lima de más de 40 años y que, de producirse un fuerte terremoto, su impacto será catastrófico en términos sociales.

Un país con este tipo de acechanzas de la naturaleza está obligado a potenciar el empleo de sus recursos para garantizar su sostenibilidad. En concordancia, las decisiones de gobierno tienen que estar orientadas al conjunto de la sociedad, y no al parecer de un grupo minoritario, radicalizado y al mismo tiempo muy organizado, que obstaculiza pero que no formula una alternativa viable.

En el Perú existen proyectos mineros de cobre (y de muchos otros metales) que contemplan una inversión por $28,266 millones, los que de ejecutarse generarán miles de puestos de trabajo, mayores divisas e incrementarán los recursos fiscales para minimizar el riesgo de la naturaleza y, por consiguiente, el costo social de los mismos. Los principales proyectos de cobre son: Magistral (Ancash), Tía María (Arequipa), La Granja (Cajamarca), Quechua (Cusco), Cañariaco (Lambayeque), Quellaveco (Moquegua), Río Blanco (Piura); y las ampliaciones de Toromocho (Junín) y Toquepala (Tacna).

¿Resulta razonable permitir que se siga perjudicando al país?