¿A quién beneficia tanto desorden?

Cada día que pasa la prensa se encarga de entretenernos con una serie de noticias enfocadas en la maldad de ciertos grupos políticos y el elogio a otros. Una situación que va alejándonos del entendimiento y aceptación de  una coyuntura caracterizada por una serie de protestas motivadas por el descontento de ciertos sectores de la población. Son protestas relacionadas con reivindicaciones o incumplimientos de compromisos por el sector privado; y con mayor énfasis por el Estado, evidenciando este último, en sus distintos sectores, serias limitaciones. 

Planificar, normar, ejecutar y evaluar las políticas correspondientes a su sector es responsabilidad de los ministerios. Sin embargo, ello de por sí no significa que cada administración determine, según se le ocurra, su propio curso, dejando de lado el cumplimiento de políticas nacionales acordadas y aprobadas por gestiones que les precedieron. No obstante, en los últimos tiempos resulta una práctica cotidiana que abona al desorden imperante y afecta al desarrollo del país.

Las protestas en curso, junto a las reivindicaciones que las motivan, incuban un alto sentimiento de rechazo a un manejo gubernamental cada vez más centralista. Esto se evidencia en la actitud de los gobernadores regionales que, por un lado, pretenden, radicalizando medidas, liderar las protestas de sus pobladores contra el aparato central; y por otro, la búsqueda entre el “toma y daca” de mayores transferencias presupuestales. Recordemos el “pecheo” y descalificación  de algunos gobernadores al propio presidente, a propósito de algunas decisiones poco acertadas.

En la coyuntura actual, el tema de la descentralización, que se fuera enfriando desde los años noventa, está siendo atizado por el propio Gobierno, debido a ciertas decisiones en  algunos sectores; como es el caso de educación, que años atrás evidenció avances importantes generando, junto al entusiasmo y compromiso por el progreso en gobernantes y funcionarios intermedios, muchas expectativas en la población. En ese discurrir, el desarrollo de capacidades locales para la conducción adecuada constituía un objetivo  central. Es así que autoridades educativas que aún se mantienen en la conducción del Ministerio de Educación señalaron en el año 2013 la necesidad de “Diversificar las oportunidades de capacitación, no solo de los niveles directrices sino también de los servidores con menores calificaciones y responsabilidades y construir masas críticas que produzcan cambios y mejoras institucionales”.

Y como dice un añejo refrán “del dicho al hecho hay mucho trecho”. Hace pocos días tomamos conocimiento del anuncio del Ministerio de Educación de que con el fin de mejorar la gestión en beneficio de docentes y escolares de sus respectivas jurisdicciones, seis regiones contarán con gerentes públicos formados por la Autoridad  Nacional del Servicio Civil (SERVIR). Su conductora señaló a El Peruano:  “Queremos desarrollar una gestión educativa moderna, con personal capacitado que esté convencido de la tarea de mejorar la calidad de nuestra educación”. 

En el desorden existente, no cabe la menor duda de que esta decisión, al utilizar el vil argumento de culpar a los profesionales regionales de ser responsables de la crisis educativa, refleja las limitaciones del Gobierno. Y también cuestiona la aceptación de esta afrenta por los gobernadores regionales comprometidos, descalificando a su vez el silencio de los dirigentes gremiales.