El Perú será la tumba de la estrategia insurreccional bolivariana

En los años ochenta e inicios de los noventa en el Perú se derrotó a una de las estrategias colectivistas y terroristas más letales y sanguinarias del planeta. No obstante que Sendero Luminoso controlaba una tercera parte del área rural, la alianza de los campesinos con las fuerzas armadas y policiales derrotó al terror comunista en menos de una década. A Colombia le cuesta medio siglo derrotar las guerrillas y el terror.

La clave de esa victoria en los ochenta: una de las estrategias contrasubversivas con impresionante participación popular del mundo. Salvando las distancias y las diferencias con la actual violencia insurreccional contra la Constitución y el Estado de derecho que desarrollan las vanguardias comunistas y del eje bolivariano –que se expresa en ataques a comisarías, intentos de destrucción e incendios de aeropuertos, ataques a empresas industriales, asaltos e incendios de fundos agrarios– es evidente que comienza a surgir una respuesta organizada contra la tiranía de los núcleos comunistas.

En los bloqueos de la Panamericana Sur y en muchas provincias del sur los trabajadores, los emprendedores y los pequeños negocios se organizan y enfrentan a las vanguardias comunistas que están detrás de esos bloqueos y que cierran los mercados. En los casos de Chile y Colombia nunca hubo ese tipo de respuesta social. Algo más. Ante la parálisis del Ministerio Público y el Poder Judicial en procesar a los vándalos identificados en videos, y frente a la debilidad de los partidos políticos y la civilidad, los sectores populares tienden naturalmente, casi como una ley física, a establecer alianzas con las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú (PNP). Algo parecido nunca se presentó en Chile y Colombia.

Por otro lado, los defensores del sistema republicano y el Estado de derecho se mantienen firmes en el respeto a la Constitución y, a diferencias de las derechas deconstruidas en Chile, no parecen inclinadas a ceder frente a la espiral violentista y quebrar el estado constitucional aceptando un camino constituyente. Por otro lado, si las instituciones del sistema de justicia no asumen su responsabilidad en la situación, la sociedad presionará cada vez más a las instituciones tutelares a enmendar el camino.

Asimismo, las fuerzas armadas del Perú y la PNP, con una tradición forjada con la lucha contra el terrorismo de los ochenta, no se parecen a las instituciones castrenses chilenas y colombianas, más receptivas a los discursos progresistas que suelen neutralizar la autoridad democrática del Estado de derecho.

Finalmente, vale mencionar el azar en los acontecimientos. La resistencia de la señora Dina Boluarte sigue sorprendiendo a tirios y troyanos, sobre todo los mandamases del eje bolivariano. La jefe de Estado no parece contaminada por las magias progresistas y, en un afán de sobrevivir, de evitar el terrible camino de la ex presidente de Bolivia Janine Añez –hoy encarcelada injustamente por la dictadura boliviana– ha decidió resistir en la defensa del Estado de derecho.

Y no cabe la menor duda de que los peruanos de buena voluntad, que los defensores del sistema republicano, deberán respaldar abiertamente al Ejecutivo y evitar la judicialización de sus miembros, porque es la única manera de evitar un nuevo ciclo de judicialización de nuestros soldados y policías.

Por todas estas consideraciones, no es descabellado sostener que el Perú será la tumba de la estrategia violentista del eje bolivariano.