El petróleo y la guerra estatista

El papel de Petroperú en el candelero

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) acaba de respaldar al gobierno regional de Loreto en su posición a favor de que Petroperú administre el lote 192 en los próximos 30 años, luego de que culmine la administración por dos años que se acaba de conceder a la compañía canadiense Pacific Straus Energy. Esta empresa asumió temporalmente la conducción del Lote 192 para evitar que se detenga la producción y se afecte la tecnología de explotación de los hidrocarburos. La concesión de largo plazo, entonces, está pendiente.

¿Qué hay detrás de esta ansiedad que se trasluce en el comunicado de los gobiernos sub nacionales? Es evidente que la desaceleración económica no solo afecta al Gobierno central debido a la menor recaudación y el deterioro de la caja fiscal, sino también a los gobiernos subnacionales que reducen significativamente sus ingresos por el canon minero y el de hidrocarburos. Pero también es evidente que la izquierda ha encontrado otro campo de batalla para probar suerte otra vez.

Si Petroperú asumiera la conducción del Lote 192, en la práctica estaría empezando a organizarse la empresa estatal estratégica de hidrocarburos que propone la izquierda latinoamericana y que revienta en pedazos con las experiencias de PDVSA en Venezuela y Petrobras en Brasil. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el inicio de la llamada integración vertical de Petroperú, sumada al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara que representa una inversión de US$ 3,500 millones, de una u otra manera, sería el embrión de una “empresa estratégica”.

Vale recordar que el Lote 192 produce cerca de 10,000 barriles diarios, emplea a 6,000 trabajadores y representa el 17% de la producción nacional de crudo. Se calcula que las reservas suman 125 millones de barriles. Es incuestionable, pues, que si Petroperú asumiera la conducción del mencionado lote ya estaríamos en la crisálida de una empresa estratégica.

De allí, por ejemplo, la obsesión del congresista Manuel Dammert en agitar todas las banderas estatistas y representar algunos sentimientos nacionalistas. En esa línea, ha presentado un proyecto de ley para evitar que el 49% de acciones de Petroperú se vendan al sector privado.

Para nadie es un secreto que, más allá de su orfandad electoral, la izquierda suele manejar las mejores armas de la guerra ideológica y política. Refundar Petroperú como una empresa estratégica no solo es crear un “elefante blanco” para financiar clientelas y corruptelas en preciso momento en que el precio de los hidrocarburos se viene abajo, sino que coloca una clara avanzada estatista, un Caballo de Troya, en contra de la economía de mercado en momentos de desaceleración económica del país.

El frenazo reduce el ritmo de reducción de la pobreza y de la ampliación del bienestar, y el discurso del fracaso del modelo por la dependencia de los precios de los minerales fomenta diversas apuestas estatistas. Desde las bienintencionadas propuestas para diversificar la economía hasta el retorno de las empresas estratégicas del estado empresario que hundió al 60% de la población peruana en pobreza.

La idea de una empresa estratégica en hidrocarburos es simplemente aterradora para la libertad. El chavismo demolió el sector privado venezolano señalando que había “empresas sociales” y “empresas de lucro”. Los altos precios del petróleo le permitió subsidiar la economía y consolidar el engendro estatista y autoritario que hoy contemplamos. El humalismo de los primeros dos años quiso ensayar con la restitución del monopolio de los combustibles mediante la compra de La Pampilla, pero no pasó ante la oposición de las mayorías. Sin embargo, la izquierda persiste y anuncia paros y protestas. Que las mayorías vuelvan a hablar.