¿Inclusión energética o incremento del beneficio empresarial?

En el debate del subsidio, llamado eufemísticamente “mecanismo de compensación para el acceso descentralizado del gas natural (GN)”, los apologistas de la expansión de redes, “masificadores” los llamo, citan como fuente de financiamiento el FISE (Fondo de Inclusión Social Energética). Edulcorada referencia para escamotear la realidad: que el fondeo se hará con nuevos cargos al ciudadano más aportes de la caja fiscal. 

Los “masificadores” exigen, bajo la admonición que no habrá llegada del GN hasta dentro de 20 años a las regiones, que se nivele el precio del energético a las grandes empresas. Aseguran que con esta decisión las redes de ductos, con sus respectivas conexiones, se incrementarán cómo la bíblica multiplicación de los panes y peces. 

La afirmación es mendaz por donde se le mire. La interrogante es ¿cómo el descuento de precios a las grandes empresas en las regiones significará disponer de recursos para el tendido de más redes y conexiones? Lo descontado debería pasar directamente a los beneficiarios.

Lo más probable es que si los concesionarios están facturando el servicio con precio de comercialización y distribución por debajo del máximo regulado por Osinergmin, tendrán un incentivo para subir el costo del servicio de atención por redes. En buen romance: la posibilidad de alza de precios a sus clientes industriales y más dinero para las arcas de la concentración empresarial colombiana del GN.

El contexto descrito lleva a una segunda interrogante ¿de dónde saldrán los fondos para la pregonada masificación? Los “masificadores” dirán con solemnidad que los recursos saldrán del FISE y un posible cargo a los consumidores de electricidad, lo que lleva a otra pregunta: ¿cuánto se podrá disponer del FISE? La respuesta es un rotundo “nada”.

El recaudo del FISE, que asciende a 810 millones de soles anuales (MMS/), es financiado en 92% entre los clientes del mercado libre de electricidad y un cargo a la transacción de combustibles líquidos, que pagamos todos. Solo están exentos los habitantes de los hogares que usan carbón y leña. Los recursos tienen destino prefijado, y no hay más plata, señores. Esto es válido tanto para el subsidio como para la construcción de redes y conexiones. 

Concluimos que para que la cacareada masificación sea realidad solo quedará un cargo en la tarifa de electricidad, que resultará insuficiente y tendrá que recurrirse a la caja fiscal, hoy apremiada por la meta del déficit fiscal, ampliada de 2.0% a 2.5% del PBI. Entonces vendrá otra exigencia sentenciosa de los masificadores: “si el gobierno no pone dinero no habrá más conexiones en las regiones” 

Otra inquietud emerge inmediatamente: cuando Promigas tomó la concesión de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Ancash en el 2013, y se comprometió a 150,000 conexiones en cinco años, ¿estaba pensando presionar al Estado para que ponga recursos para ampliar la cobertura? Si es así, estaban seguros de subordinar a las autoridades.

El frente de “los masificadores” está capitaneado por la concentración empresarial colombiana del GN, que tienen el manejo de las concesiones de nueve regiones del país: Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima Metropolitana, Callao, Lima Provincias e Ica. Y van por más, pues pretenden, vía adenda, que se le otorgue a la empresa Cálidda cinco regiones adicionales. 

Ya es hora de que los peruanos no nos dejemos avasallar por la inversión colombiana que pretende manejar la política energética del país. La altanería que trajo a ejecutivos de otras latitudes con la privatización de la electricidad y las telecomunicaciones en los noventa, generó rechazo ciudadano y se convirtió en la limitante de las privatizaciones. Fue preciso confrontarlos desde 1995, y me cuento entre los opositores. De los soberbios de ayer ya no queda ninguno en el país. 

Es el momento de que Osinergmin e Indecopi se pronuncien ante el copamiento en el sector del gas y se evalúe, a la luz de la Ley de Control Previo de Concentración Empresarial (ley 31112), a las empresas Cálidda, Contugas, Gases del Pacífico SA (Quavii) y Gasnorp. Estamos en un momento en que la prédica colombiana pretende imponernos condiciones teniendo al Ejecutivo de aliado; captura del Estado se llama, y no debemos permitirlo.