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¡Sobrerregulación y burocracia: enemigos del Perú!

Economía

¡Sobrerregulación y burocracia: enemigos del Perú!

14 de Noviembre del 2016

Administrar la crisis favorece al antisistema del 2021

Sin reformas, el futuro del país aparece sombrío y se crean las condiciones para la resurrección del estatismo y las fórmulas antisistema. En este contexto, es necesario saludar y apoyar el primer Paquete Simplificador lanzado por el gobierno, que contempla medidas de sentido común, como la de eliminar el requisito de entregar la fotocopia del DNI o el pago por la constancia de una denuncia policial. Ese es el camino.

Sin embargo para enfrentar el monstruo de las sobrerregulaciones y la burocracia, que ha surgido en los últimos quince años, se requiere entender que no obstante de que el Perú tiene una de las economías más abiertas de la región, también ha organizado uno de los estados más burocratizados de América Latina. Por ejemplo, en el ranking Doing Business del Banco Mundial, que mide las facilidades y regulaciones para hacer negocios, el Perú entre el 2015 y el 2016 ha caído cinco puntos. En otras palabras, no parece haber fuerza capaz de detener el aumento de la sobrerregulación y la burocracia del Perú.

La idea de la sobrerregulación parece impregnarlo todo en el Estado. Desde la actuación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) que construye murallas y trámites absurdos contra las gestores educativos no estatales, pasando por las inalcanzables requisitos para la formalización minera, los costos de la legislación laboral imposibles de pagar por las pymes, hasta los doce proyectos que suman US$ 18,000 millones de inversión, trabados por la inclemente tramitología, y que el gobierno se ha propuesto destrabar. Sí, no hay duda, el enemigo no está afuera sino dentro del Estado.

¿Qué hacer frente a esta situación? Quizá una de las claves sea invertir la manera cómo se miran las cosas. Por ejemplo, entender que la culpa de la informalidad no está en los informales, en los problemas culturales ni en la idiosincrasia de los agentes económicos, sino en el Estado, en las leyes, en los reglamentos y en la asfixiante normatividad estatal. Para entender la naturaleza de la hidra que enfrentamos, vale recordar un estudio de la Contraloría General que señala la existencia de alrededor de 600,000 normas que solo para leerlas tomaría aproximadamente diez años, y que muchas de esas normas tienen más de doce años sin ser reglamentadas.

Si el Estado invierte la forma de contemplar las cosas, la sociedad, los informales y los protagonistas de la economía se convertirán en sus aliados en la simplificación administrativa. Por ejemplo, desde las pymes y la Cámara de Comercio de Lima —que a través de sus 15 gremios ha identificado las principales barreras burocráticas— se podrían hallar las soluciones para detener la informalidad del país.

Igualmente, los mineros informales podrían convertirse en los aliados de la gran minería del país y en celosos guardianes de la preservación de nuestros bosques y ríos. Finalmente, vale recordar que la legislación permeable y flexible de Estados Unidos solo se explica porque la ley viene de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como sucede en el Perú.

Quizá otra idea interesante podría ser definir tres o cuatro ministerios que se conviertan en la avanzada del nuevo Estado que se requiere para implementar las reformas de segunda generación que nos permitan continuar creciendo y reduciendo pobreza como antes. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Energía y Minas, uno social y otro productivo, podrían transformarse en los laboratorios en donde se aplique un shock de simplificación administrativa y de desregulación. El gobierno concentraría sus esfuerzos en estas experiencias piloto y extraería las grandes conclusiones para avanzar en la reforma del Estado.

Siempre vale recordar que en las elecciones del 2006, del 2011 y del 2016, en el Perú colisionaron dos países, dos sociedades; sobre todo por la ausencia de un Estado moderno que acompañe el protagonismo de la inversión privada en la reducción de pobreza y la expansión del bienestar. En este caso, se comprueba que el mejor mercado necesita siempre de un Estado moderno.