Los peligros del déficit y la posibilidad de perder el grado de inversión

El Congreso aprobó la ley que posibilita el sétimo retiro de los fondos del sistema privado de pensiones que representará la virtual destrucción del modelo de cuentas individuales (se retirará S/ 34,000 millones y 9 de cada 10 aportantes a las AFP se quedarán sin pensiones). Sin embargo, José Arista, ministro de Economía y Finanzas acaba de señalar que no se observará la mencionada norma. ¿De cuándo acá el MEF se suma a la ola de demagogia y populismo de algunas bancadas legislativas?

Por otro lado, se acaba de conocer que la presidente Dina Boluarte no ha aceptado la continuidad de Carlos Oliva como presidente del Consejo Fiscal, cargo que venía ocupando desde diciembre del 2020. La decisión se produjo casi paralelamente a las declaraciones del titular del MEF acerca de que el Perú no podría cumplir la meta de 2% del déficit fiscal para el 2024. Al respecto se sabe que entre el Ejecutivo y el Consejo Fiscal existían diferencias sobre en qué momento, como se dice, tirar la toalla de las proyecciones y organizar una nueva trayectoria fiscal.

No se sabe con exactitud si el relevo de Oliva de la presidencia del Consejo Fiscal está vinculado a las críticas que él formuló en contra de las transferencias de S/ 100 millones al gobierno regional de Ayacucho o de la política de sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima. En cualquier caso, son terribles señales en el Ejecutivo y el MEF, sobre todo considerando que el año pasado el déficit fiscal sumó 2.8% del PBI, no obstante que la proyección era de 2.4%. Una situación que encendió las alarmas en las calificadoras de riesgo con respecto al manejo de esta variable que el país preservó con gran pulcritud en las últimas tres décadas. Vale agregar que el desmanejo del déficit fiscal podría significar la pérdida de las calificaciones crediticias que tanto esfuerzo le costó a varias generaciones de peruanos.

Al cierre de esta edición se conoció que Standard and Poor's había rebajado la calificación crediticia soberana del Perú en moneda extranjera a BBB- desde BBB. De esta manera, el otrora milagro económico de América del Sur queda al borde de perder el grado de inversión. Las cosas, pues, no están para medias tintas.

Las posiciones de José Arista, titular del MEF, con respecto a estos temas nos revelan un manejo político antes que técnico. En las últimas tres décadas en el despacho de Junín todo se caracterizó por el manejo técnico en economía y finanzas. El deterioro de estas variables, obviamente, comenzó con los titulares del MEF del gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, durante la gestión de Boluarte las cosas no mejoraron significativamente. El ex titular del sector, Alex Contreras, es el responsable del déficit de 2.8% del año pasado y de que las luces de peligro se encendieran en las calificadoras de riesgo con respecto a la economía peruana. Ahora, igualmente, el titular del MEF prefiere priorizar la política.

De alguna manera las campañas fallidas del progresismo para una vacancia del jefe de Estado han terminado acrecentando el poder del Congreso y las bancadas legislativas frente al Ejecutivo. En este contexto, el sétimo retiro –que devastará el sistema de cuentas individuales del sistema privado de pensiones–, impulsado por José Luna de Podemos y otras bancadas de la centro derecha, no ha sido observado por el Ejecutivo, tal como habría sucedido en otras circunstancias. Asimismo, la decisión de relevar a Oliva del Consejo Fiscal tiene que ver con las presiones políticas de las bancadas para disponer de recursos al margen de la estabilidad fiscal.

Planteada las cosas así, es legítimo preguntarse si las fuerzas políticas que conducen el Congreso y el Ejecutivo se han propuesto de manera consciente desmontar el modelo económico de las últimas tres décadas. Para reforzar las interrogantes, allí están el sétimo retiro de las AFP, el desmanejo del tema fiscal y la negativa a derogar los decretos laborales de Pedro Castillo que fomentan la guerra de clases entre trabajadores y empresarios.

Pareciera que el programa de Perú Libre continúa implementándose. ¿O no?