Pugna por la falsa educación gratuita

El pasado martes 23 de abril se realizaron protestas multitudinarias en contra de los supuestos recortes presupuestarios para la educación pública superior argentina llevados a cabo por el gobierno de Javier Milei. Miles y miles de docentes, trabajadores y estudiantes de universidades públicas alzaron su voz de reclamo en las plazas de Buenos Aires y otras ciudades. Revisemos entonces si estas protestas están realmente justificadas

Los organizadores cifran la asistencia en un millón de personas y el gobierno la cuantifica en alrededor de menos de doscientos mil. ¿Cuáles son sus pretensiones y reclamos? Podemos resumirlo con el título de una canción de la banda chilena Los Prisioneros: quieren dinero. Simplemente no hay otra explicación, desean más dinero, mucho más dinero del que les fue asignado bajo la ley de presupuesto. La prensa internacional, sobre todo medios de izquierda e internautas enemigos del actual régimen aducen que Milei ha hecho fuertes recortes a la educación pública y por ende al gasto de las universidades. Pero esto es completamente falso y vamos a proceder a explicar por qué.

Debido a la calamitosa situación económica Argentina, la solución del gobierno de Javier Milei para poder recortar algunos gastos no es el asignar menos dinero del que se presupuestó en años anteriores, sino que se realizó la reducción del presupuesto mediante la denominada “licuación inflacionaria del gasto real”. En otras palabras, para mantener el presupuesto real respecto de la inflación tendrían que designarse cuantiosas sumas de dinero, que, al día de hoy, sobrepasan las capacidades de pago del gobierno. En resumidas cuentas, se incrementó levemente el dinero del presupuesto, pero, para efectos prácticos, muchos gastos no son cubiertos debido a que la inflación ha hecho incrementar los costes operativos de todas las universidades públicas argentinas.

Sin embargo, también es menester hablar sobre en qué gastan específicamente las universidades. La mayor parte del gasto de las universidades públicas se destina a los sueldos del personal laburante, es decir trabajadores y docentes (muchos de ellos constituyen actualmente, personal innecesario). El gasto en partidas de salarios representa prácticamente el 90% del gasto total. El restante 10% se destina a costes logísticos y operativos para el funcionamiento per se de los campus universitarios. Así que el problema que afecta al presupuesto de las universidades públicas argentinas radica en su enorme masa salarial. Debido a que, de forma maliciosa y tendenciosa, las universidades decidieron arbitrariamente aumentar los salarios a fines del año pasado para compensar la pérdida de valor real frente a la inflación, se dan con la sorpresa recién que el dinero no les alcanza. Hoy en día la brecha entre el presupuesto disponible y las partidas por pagar es de unos 75 mil millones de pesos. Este número conforme pasan los meses seguirá acrecentando, por culpa de ellos mismos.

Muchas de las personas que salieron a protestar incluyen autoridades universitarias, muchas de ellas se quejan indicando que es un recorte injusto, que el gobierno se ha ensañado con las universidades. Pero nada más alejado de la realidad, los recortes del gasto público se han realizado en todos los frentes y en diferentes carteras. Prácticamente no hay rubro que se haya salvado de la reducción y de un recorte considerable del gasto. Prueba de ello es que al día siguiente el gobierno de Javier Milei anunció un hecho prácticamente inédito en la historia reciente Argentina: se logró un superávit fiscal luego de 16 años, es decir, que por primera vez en tan largo tiempo se había ingresado más de lo que se gastó. Esto va en concordancia con los principios políticos y éticos que asumió Milei al alcanzar la presidencia. Su férreo compromiso de acabar con la inflación, pero también con el déficit público y el despilfarro innecesario. Puesto que para poder estabilizar macroeconómicamente a la Argentina es necesario cuadrar cuentas. Las protestas nos quieren demostrar una imagen tergiversada de la situación, se tratan de victimizar aduciendo que el gobierno se ha ensañado con ellos, recortándoles exclusivamente a ellos el presupuesto.

Sin embargo, la motivación real de las protestas es que las autoridades y gente que emplea y maneja el presupuesto universitario no quiere poner de su parte frente a las medidas de austeridad impuestas por el gobierno. No quieren soportar los recortes presupuestarios en mayor medida que otros sectores, están como cualquier otro grupo de presión, queriendo buscar beneficios para llevarse la mejor tajada. No entienden que, por esos artilugios políticos, por esos tejes y manejes, la tarta presupuestaria se ha inflado tanto que no es posible otra cosa más que reducirla. Hay que también realizar la aclaración que los presupuestos asignados a las universidades públicas son determinados por la ley que es aprobada por el congreso, por lo que el presidente Milei, hoy en día, tiene poca o nula injerencia respecto a la cantidad total entregada.

Por último, desearía mencionar algo muy importante, unas excepciones que de hecho dan título a esta columna. Y es que no existe la educación pública gratuita. Nunca ha existido y nunca existirá. El usar palabras y términos que suenan bonito no significa que existan y se puedan cumplir en la realidad. Me enferma cada vez que un sindicalista universitario o un politiquero populista se llena la boca hablando de justicia social, derecho a la educación y de “acceso a una educación pública y gratuita”. Nada es gratis en esta vida, todo el dinero de la educación pública le es arrebatado forzosamente a los contribuyentes a través de los impuestos. Muchos de los contribuyentes forzosos ni siquiera acuden a estos centros universitarios, la gente es obligada a pagar para mantener estudios universitarios de otros. Incluso hasta hace unos meses el contribuyente argentino tenía que pagar forzosamente impuestos para mantener incluso a estudiantes extranjeros.

Por otra parte, el estudiante que usufructúa sus estudios “gratuitos” también implican un severo coste de oportunidad. Ese es el aberrante fruto del igualitarismo, al establecer educación para todos incluye a gente que no está preparada intelectualmente, pero que al no tener que pagar por su educación, malgasta fondos que podrían destinarse a otro estudiante más aplicado y que sí tiene ganas de estudiar. El ambiente de mediocridad generado por las universidades públicas argentinas se termina plasmando en la realidad viendo a obreros y taxistas con sus títulos profesionales de universidades públicas.

Por último, si en Argentina o en cualquier otro país latinoamericano los profesores y estudiantes de universidades públicas salen a protestar, que sean sinceros, digan que es lo que buscan y también cuánto nos cuesta aquello que buscan. Porque si no, estas protestas únicamente están envenenando con desinformación a la población para trasladarle una imagen irreal de la situación actual. No la ven, no ven la situación; y la situación actual es que no hay plata. Esperemos que en el Perú no tengamos que llegar a estos extremos, promovamos y breguemos para una educación superior privada, pero accesible a diversas condiciones sociales y orígenes, una oferta con múltiples opciones y precios. Una educación que haga razonar a los estudiantes y esté libre de ideologías, de esas ideologías nefastas como las que impulsan este tipo de protestas.