Los objetivos de Zavala en el tema del agua

Las largas décadas de monopolio estatal solo han producido desigualdad e ineficiencia

En la presentación ante el parlamento para pedir el voto de investidura ministerial, el Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Fernando Zavala, indicó que uno de los objetivos del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para el Bicentenario (2021) era ampliar la cobertura de agua potable a cuatro millones de peruanos y de desagüe a nueve millones. La presentación del gabinete Zavala coincide con un último informe del Índice de Progreso Social 2016 (Centrum Católica - Social Progress Imperative), en el que se indica que el Perú ocupa el último lugar de la Alianza del Pacífico (México, Colombia y Chile) en cuanto a la dotación del servicio del agua y saneamiento

El PCM y el gobierno han dispuesto algunas estrategias para lograr el objetivo de otorgar agua a cuatro millones de peruanos, entre las que Zavala destacó —en su presentación—que se “impulsará un agresivo plan de inversiones pública y privadas” y se “fortalecerá y modernizará a los operadores de servicios de saneamiento”. De ser así, el nuevo gobierno tiene entre sus manos tremendo reto. Hoy según el documento Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025 de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) el déficit de infraestructura del agua y saneamiento representa la friolera suma de US$ 12,252 millones.

Para cerrar el déficit del agua potable y saneamiento el Estado debería abrir las puertas al sector privado, a través de alianzas públicas privadas (APP), puesto que la única manera es impulsando la inversión privada en proyectos. Como el agua potable es un producto, está sujeto a un proceso (purificado, almacenado y transporte a los hogares). Un documento de la ONG Contribuyentes Por Respeto indica que “no pagamos por el agua per se, sino pagamos por dos tipos servicios: (i) la distribución de agua potable y (ii) el transporte y tratamiento de aguas servidas”. Es decir, tener acceso a una conexión de agua potable y desagüe las 24 horas del día es algo que evidentemente tiene un costo e implica una enorme inversión en infraestructura. Inversión que debe ser llevada a cabo por alguien.

Ahora bien, cuando el PCM Zavala indica que se “fortalecerá y modernizará a los operadores de servicios de saneamiento”, desde aquí debemos señalar que el Estado ha fracasado en todas las líneas. El sistema de Empresas Públicas de Saneamiento (EPS) ha colapsado y es urgente reestructurarlo. Son 48 las EPS que existen a nivel nacional, incluida Sedapal; todas están declaradas en insolvencia financiera y la mayoría incumple los estándares mínimos de calidad del agua, cobertura e infraestructura. Según el Ministerio de Vivienda, del agua que estas empresas producen, facturan el 50% y solo cobran 25%.

¿Por qué tan baja facturación? Porque el 50% del agua se pierde en filtraciones en tuberías, fugas en hogares y conexiones ilegales. Además, el 30% de las conexiones en Lima no tiene medidor, y por eso pagan solo de S/. 20 a S/. 40 al mes (por eso no les importan las fugas). En contraste, quienes no tienen el servicio gastan S/. 60 soles al mes para comprar agua de camiones que casi siempre viene contaminada.

Estas cifras corroboran que las largas décadas de monopolio estatal en agua y desagüe han sido un fracaso y que solo han producido desigualdad e ineficiencia. Sin embargo, muchos gobiernos municipales o regionales se resisten a reestructurar o liquidar las EPS. Es loable que el gobierno asuma el reto de otorgarle agua potable a cuatro millones de peruanos, aún cuando no logre beneficiar a los diez millones que el plan de gobierno de Peruanos Por el Kambio estimaba.