La crisis del sector forestal

Una vez más un cargamento de madera procedente de Perú fue detenido por las autoridades aduaneras de Estados Unidos, argumentando el origen ilegal del recurso natural. Desde el 2015, ya son tres los casos de buques retenidos que deben demostrar que su carga corresponde a maderas legalmente extraídas por el exportador o adquirida de terceros de acuerdo a ley. Las verificaciones solicitadas en los puertos estadounidenses están dentro del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos. Semejantes intervenciones demuestran que la informalidad de la producción forestal en el Perú se puede convertir en el peor enemigo de esta actividad.

Los embarques intervenidos por las autoridades de Estados Unidos tienen mucho que ver con el tema de la trazabilidad, que es un procedimiento por el cual es posible identificar el origen de determinada madera. La importancia de la trazabilidad radica en la información forestal y los datos históricos de la madera: su origen, trayectoria y ubicación mientras se transforma y transporta. Es decir, la acreditación del origen legal del recurso natural relacionado con la actividad comercial. Vale decir, que el “origen de la madera” (el árbol plantado, en medio del bosque) es diferente al “origen legal de la madera” (la madera transformada y acreditada en los aserraderos).

En 2017, mientras las exportaciones chilenas de madera ascendieron a US$ 2,250 millones, las exportaciones forestales peruanas descendieron a US$ 120 millones. A principios de siglo Chile exportaba recursos forestales por US$ 250 millones, lo que para el país del sur significó un crecimiento de 100% en menos de 20 años. Mientras, las exportaciones de 2017 en Perú fueron 40% menores a las registradas hace diez años. Es decir, no solo se exporta poca madera, sino cada vez menos.

Esta situación se explica por la ausencia de derechos de propiedad y la terrible infraestructura nacional. Y, lo peor, la falta de criterios técnicos por parte del Estado para otorgar concesiones. La situación se complica cuando los pobladores, por la pobreza que atraviesan, se ven obligados a vender sus recursos naturales a los taladores ilegales y contrabandistas para poder sobrevivir. ¿Cómo negar esta situación real?

En 2011, unas investigaciones realizadas por la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFS), relacionadas con el aprovechamiento forestal maderero, en el bosque de producción de Tahuamanu —de 600,000 hectáreas, en Madre de Dios— ofrecieron los siguientes resultados: primero, que no se extrae ni la tercera parte de los recursos disponibles; segundo, que los costos de construcción y mantenimiento de las carreteras y caminos que conducen al bosque son muy altos; tercero, que la maquinaria que se usa es obsoleta; cuarto, los excesivos trámites y la falta de confianza entre los actores del sector.

Durante la administración de Alejandro Toledo se entregaron, con criterios políticos, concesiones por veinte años en extensiones de 20,000 hectáreas. El 90% de esas concesiones fueron un fracaso: terminaron canceladas o bajo medidas cautelares. Durante el humalismo se creyó que la expansión de la producción forestal se podía hacer sin la intervención de la gran empresa y con el endurecimiento de las regulaciones y las penas para formalizar y eliminar la tala ilegal. En la administración de PPK se publicó el D.L. N° 1283, que reducía la tramitología y extendía los plazos de concesión a 40 años y la extensión de terrenos a 40,000 hectáreas.  

En todo caso, la producción forestal es uno de los grandes temas de la agenda que el Perú tiene que asumir no solo para organizar un modelo de desarrollo en armonía con el medio ambiente, sino sobre todo como palanca para sacar de la pobreza a miles de peruanos de los rincones más alejados del país.