Editorial Economía

La anchoveta en los tribunales

La anchoveta en los tribunales
  • 12 de diciembre del 2014

Sala Civil de la Corte Suprema decidirá litigio entre el sector pesquero y el gobierno

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República revisa en estos días la sentencia dictada recientemente por la 4a Sala Civil de la Corte Superior de Lima, que declara inconstitucional el Decreto Supremo 011-2013 del Ministerio de la Producción, que  ha ocasionado la caída drástica de la producción pesquera nacional, al obligar a que la pesca industrial se realice solo después de la milla siete en el litoral sur y después de la milla 10 en el litoral. centro-norte. Además, la norma ha propiciado el surgimiento de una gran cantidad de supuestos pescadores de consumo humano que en realidad proveen de anchoveta a una industria harinera informal altamente contaminadora del ambiente.

La sentencia de la Corte Superior está en revisión porque ha sido apelada por el sector Producción, cuyos portavoces sostienen que la ley impugnada ha ordenado la pesca nacional en beneficio del país y de la explotación racional y sustentable de los recursos hidrobiológicos. También sostienen que la fuerte caída de la producción pesquera es consecuencia de los fenómenos climáticos que alteran la temperatura del mar. Sin embargo, los hechos indican lo contrario.

El año 2011, antes de que entrara en vigor la ley cuestionada, la producción nacional pesquera industrial fue de siete millones de toneladas, y en el 2012, después que se aplicó dicha norma, cayó a 3.7 millones de toneladas. Más aún, el 2013 apenas pudo recuperarse en 4.7 millones de toneladas. Recién el 2014 el clima se ha sumado a las restricciones que impone la ley a la pesca industrial y ambos factores juntos han determinado que la producción se desplome este año a unos dos millones de toneladas, la más baja de los últimos 15 años.

Los hechos también demuestran que la ley que está ahora en manos de la Corte Suprema ha fracasado al no haber cumplido su objetivo central: promover la pesca de anchoveta para el consumo humano. Las cifras no mienten: Mientras el 2011 se produjo 125,000 toneladas para ese fin, este año se destinará apenas unas 40,000 toneladas. Paradójicamente, tan brusca caída se produce a pesar de que se han multiplicado como nunca antes las embarcaciones menores de pesca para consumo humano, y de que tienen además una la exclusiva de pesca creada por primero por el DS 05-2011-Produce y después por el DS 011-2013.

¿Cómo entonces ha caído tanto la pesca de anchoveta para consumo popular habiendo tantas embarcaciones extrayéndola? La respuesta es simple: El recurso no llega a los terminales pesqueros sino a plantas ilegales, procesadoras de harina de pescado, que pagan más por la anchoveta que los mercados. El negocio es tan rentable que hoy proliferan como nunca antes los pescadores menores de anchoveta.

Pero la ley en discordia tienen otros efectos negativos. En lo económico ha mermado los ingresos del país por exportaciones pesqueras, el 2013 en US$ 600 millones y se calcula que lo mismo ocurrirá este año. Esta situación ha desestabilizado financieramente a las empresas pesqueras y tendrá un correlato en el empleo, pues la pesca industrial da empleo directo a 121 mil personas e indirecto a otras 100 mil.

En lo estrictamente jurídico, la ley ha sido declarada inconstitucional por la Corte Superior de Justicia porque, según la sentencia, “establece un trato discriminatorio y diferenciado al señalar o crear zonas de reserva para la extracción de anchoveta, en 3 categorías distintas, sin ningún sustento técnico o científico válido”. Más claro, ni el agua.

Finalmente, el propio gobierno reconoce que el comercio ilegal de anchoveta para consumo humano y por eso ha aprobado varias medidas dirigidas a controlar la producción de “harina negra” que además de hacer una competencia desleal a la industria formal contamina el ambiente. Creemos por ello que la Corte Suprema debiera confirmar la sentencia de la Corte Superior, para acabar con una situación injusta que está ocasionando grandes perjuicios a la industria pesquera, a los trabajadores y a la economía nacional.

  • 12 de diciembre del 2014

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