Economía

Golpe al agua de los más pobres

Congreso bloquea inversiones en EPS

Golpe al agua de los más pobres
  • 24 de octubre del 2017

En el Congreso de la República se acaba de modificar el Decreto Legislativo N° 1280, promulgado al amparo de las facultades legislativas delegadas, que buscaba promover la inversión privada y modernizar la gestión las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento.

De acuerdo a la ley N° 30672 ahora se restringe las asociaciones público privadas solo a proyectos de “tratamiento de aguas residuales”; es decir, no contempla otros proyectos vinculados a la construcción de plantas y redes de agua potables. ¿Acaso en el Legislativo no se sabe nada del enorme déficit de inversión privada en agua y sistemas de desagüe que, en el caso de saneamiento, según AFIN llega a US$ 12,000 millones?

Otra modificatoria del DL N° 1280 niega facultades al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) para disponer la remoción de los directores de las EPS, vinculados a casos de ineficiencia y corrupción, casi todos nombrados políticamente por las autoridades locales. ¿No se entiende en el Congreso que las EPS del Perú son verdaderos monumentos al despilfarro y a la clientela política? Al respecto vale mencionar que Juan José García Chau, de Contribuyentes por Respeto, en un artículo en Perú 21, ha señalado que de las cincuenta EPS, el 51% no trata de ninguna manera las aguas residuales, el 54% deja de facturar más del 40% del agua distribuida y que el promedio de rendimiento de las EPS ha sido de -0.3% en los últimos años.

Finalmente, otra extraña modificatoria del mencionado decreto legislativo de parte del Congreso es el restar injerencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) en Sedapal. Un hecho que no tiene explicación, porque Sedapal es parte de la estructura del sector Vivienda.  

El Decreto Legislativo N° 1280, dado el 28 de diciembre del año 2016, aprueba la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento en función al acápite 4, artículo 2 de la Ley N° 30506, publicada el 30 de Setiembre del año 2016. Con este decreto el Congreso de la República le delega poder al Ejecutivo para legislar en materia de agua y saneamiento, a fin de modernizar la gestión de las entidades prestadoras de servicios de agua y saneamiento.

La Ley N° 30672 —aprobada por Fuerza Popular, Frente Amplio y Nuevo Perú— evidentemente es un yerro contra los más pobres, quienes, finalmente, sufren las consecuencias de la falta de agua potable y servicios de alcantarillado por ausencia de inversión para la creación de más plantas de tratamiento de agua potable y aguas servidas y redes de distribución y recolección, respectivamente.

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) registra cincuenta APS en el ámbito urbano nacional. Al respecto, el ministro de Vivienda, Carlos Bruce, ha dicho que durante su gestión promoverá la concesión de otras EPS (excepto Sedapal), trece de ellas intervenidas por OTASS para mejorar sus servicios y gestión empresarial. Una evaluación realizada el año 2015 por el Ministerio de Vivienda concluye que de las cincuenta EPS solo tres —Sedapal de Lima, Sedapar de Arequipa y de Cusco— estarían cumpliendo con sus funciones.

El manejo político, que ha degenerado en corrupción, ha hecho que las 47 EPS restantes no tengan capacidad suficiente para realizar inversiones por falta de respaldo financiero, capacidad técnica y organización. EPS convertidas en las “cajas chicas” de los alcaldes y para puestos de trabajo por el favor político. Es así que el derecho al agua ha sido sobrepasado por la burocracia, ineficiencia y falta de prevención y de trabajos de mantenimiento. Por ejemplo, Sedam Huancayo hace más de diez años que no se invierte en un sol más, y el suministro de agua en la ciudad es por horas. La misma mala suerte de otras ciudades.

En Arequipa, la compañía minera Cerro Verde construyó la planta de tratamiento La Enlozada para procesar el 83% de las aguas servidas de la ciudad y para descontaminar las aguas del río Chili. Solo el 1% de esas aguas recuperadas utiliza la minera, el 99% beneficia a la población y al agro. Una muestra de cómo la iniciativa privada puede hacer realidad proyectos en favor de los pueblos.

Los organismos del Estado nacional han demostrado ineficiencia y corrupción manejando EPS. ¿A quién recurrir? Es evidente que las soluciones están por el lado de la sociedad y el sector privado.

  • 24 de octubre del 2017

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