Estado no resuelve el problema del agua

Según la Contraloría General de la República, 832 proyectos de agua potable y saneamiento —por S/ 2,790 millones, destinados por el Gobierno Central a los gobiernos subnacionales en 2017— presentan “riesgos de tipo técnico y de tiempo”. El 75% de esos proyectos está siendo ejecutado por las municipalidades distritales, y otros 16 por las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS). Una vez más, las autoridades revelan su incompetencia técnica y mala gestión de las obras que se les encargan. Por ejemplo, en la provincia de Paita el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha detectado que las autoridades solo utilizaron el 10% del presupuesto destinado para obras de saneamiento.

De acuerdo al reciente informe sobre pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017), el 13.3% de la población limeña está afectada por la pobreza, 2.3 puntos más respecto al 2016. En esa población inmersa en la pobreza, unas 65,000 familias de Lima no tienen ningún servicio directo de agua potable ni desagüe. El Estado indiferente, parsimonioso e ineficaz ha dejado que la población más pobre resuelva sus problemas pagando el agua más cara, distribuida por los camiones cisterna; agua que ni siquiera es potable. Con razón la competitividad nacional retrocede, por ser esta una de las tantas variables (educación, transporte, instituciones, justicia y seguridad, entre otros) que se valoran para calificar (o descalificar) a las regiones del mundo.

En pocas palabras, el Estado es un fracaso proveyendo agua potable para la población. Contribuyentes por Respeto ha señalado que el 54% de las 50 EPS que existen en Perú dejan de facturar más del 40% del agua distribuida; y el 51% no trata de ninguna forma las aguas residuales. Además, 13 de ellas están intervenidas por ineficiencias, casos de corrupción y colapso financiero. Así como la Contraloría revela riesgos encontrados en la ejecución de los proyectos y los plazos de entrega, así también otras autoridades denuncian lo mismo. Por ejemplo, en el distrito de Vítor (Arequipa) una planta de agua y desagüe de S/ 24 millones, entregada en diciembre pasado, ya presenta visibles grietas en los muros, tuberías colapsadas y no cuenta con un decantador de sedimentos, como corresponde a este tipo de obras.

Las EPS han demostrado total irresponsabilidad. Siguen siendo manejadas de manera política por las autoridades de turno. En general no han construido ni plantas de tratamiento de agua ni redes de distribución agua y desagüe. Los presupuestos han servido como caja chica y para devolver favores de índole político. Ante el fracaso del Estado, al país no le queda otra alternativa que acudir a la inversión privada, que tiene capacidad financiera y técnica para realizar obras de gran envergadura y de suma importancia para la salud pública.

En ese sentido, los mecanismos de Obras por Impuesto (OxI) y Asociaciones Público Privadas (APP) pueden cumplir largamente la tarea. Sin embargo, debido a la triste y lenta reconstrucción del norte —después de un año de las inundaciones ocurridas por el fenómeno de El Niño costero del año pasado— el Ejecutivo de Martín Vizcarra ha decidido revisar el marco legal de los mecanismos de gestión privada para hacer obras públicas.

Con la salud pública no se juega ni se hace experimentos. Un aproximado de 10.36 millones de personas en el país todavía no tienen agua potable en sus hogares. En Morococha, por ejemplo, durante decenas de años los pobladores vivieron en medio de las pestilencias de las aguas residuales discurriendo por sus calles, y consumiendo aguas amarillentas distribuidas por los camiones cisterna. El proyecto Toromocho tuvo que considerar la construcción de una nueva ciudad para resolver con creces ese problema. Si en la sierra, a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, los privados resuelven los problemas, ¿por qué en otras ciudades y pueblos los privados no acuden en auxilio de la población?