El estado vuelve a tirar la toalla

Humala y gobernadora, otra vez, se lavan las manos por Tía María.

A la pregunta qué piensa sobre el anunciado giro de la empresa Southern Perú para estrechar los vínculos con las poblaciones adyacentes al proyecto minero “Tía María”, el presidente Humala señaló, en una reciente entrevista, que la “empresa debe esforzarse para sociabilizar el proyecto”, y que “Southern tiene que comprender que de la noche a la mañana, no puede haber un cambio en la población, si es que no hay muestras reales de esfuerzo”.  

En el mismo sentido, la Gobernadora Regional de Arequipa, Yamila Osorio, afirmó: “dudo que existan condiciones para que la empresa y la población lleguen a un acuerdo”. ¿Por qué las más altas autoridades del Ejecutivo y del gobierno regional tiran la toalla en el esfuerzo por hacer viable un proyecto tan importante para el Perú?

En momentos en que la estrella del milagro económico peruano se extingue lentamente, el presidente Humala y la gobernadora Osorio envían un mensaje que suscita preocupación y desaliento en los mercados, que son organismos vivos que se alimentan de información. El Estado actual simplemente no lidera.

Las graves consecuencias de la ralentización de la economía nacional se empiezan a sentir como temblores. Un ejemplo es que el presupuesto nacional por canon minero de este año se redujo a S/. 1,270 millones. Las regiones que dependen casi exclusivamente de la minería, como Arequipa o Cajamarca,  son las más perjudicadas. En el 2011, el canon minero para Arequipa fue superior a S/. 165 millones; este 2015 se ha reducido drásticamente a S/. 89 millones, y para el próximo año, según el ministerio de Economía y Finanzas, el canon disminuirá a S/. 32 millones, alrededor de un 35% menos. Sin duda un panorama preocupante para Arequipa.

A pesar de las sombrías proyecciones económicas, el presidente Humala y la señora gobernadora parecen haberse olvidado de su rol de autoridades estatales. La responsabilidad del estado, es más que dar permisos, también es asegurar las condiciones mínimas para que las empresas privadas puedan invertir, generar empleo y crear círculos económicos y productivos virtuosos. Contrario a eso, se le pide a la empresa todo lo que no hace el Estado. No obstante, es bueno recordar  que el proyecto “Tía María”, de US$ 1.400 millones, es de suma importancia para la economía local y que, según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), los proyectos mineros paralizados por conflictos sociales, ineficiencia del estado o trabas burocráticas suman más de US$ 21.000 millones. 

El boom de los minerales le permitió al estado cuantiosos recursos fiscales, pero ese mismo estado fue incapaz de proveer servicios mínimos a las poblaciones adyacentes a los proyectos mineros. En este contexto el radicalismo antiminero moviliza a la población creando relatos, confrontando minería versus agricultura, agudizando las contradicciones. Sin embargo el presidente Humala se lava las manos y la señora gobernadora asume una postura de analista.

Ahora que la empresa decide tener un mayor acercamiento con la población en la zona de influencia directa al proyecto, las autoridades se desentienden dejando el futuro de un proyecto tan importante en manos privadas.  

Quizá Osorio podría mirar la experiencia del ex gobernador de Moquegua, Martín Vizcarra, quien consiguió el financiamiento de S/. 108 millones de la empresa Cerro Verde para implementar una reforma meritocrática de la educación que ha tenido -y sigue rindiendo- resultados extraordinarios.

Ni el presidente Humala ni la gobernadora Osorio deben olvidar su papel como autoridades. La minería responsable es una actividad productiva fundamental porque beneficia a miles de peruanos y porque, además, llena las arcas fiscales con fondos sin los cuales las autoridades no podrían ejecutar sus programas de gobierno.