Dilemas de la formalización del empleo juvenil

La izquierda sigue oponiéndose a leyes proformalización

La tragedia en Las Malvinas, donde fallecieron dos jóvenes cuando trabajaban en un estado de virtual esclavitud (encerrados en contenedores, recibiendo alrededor de S/ 50 a la semana, sin derechos sociales ni laborales), ha vuelto a colocar en agenda una de las mayores preocupaciones en el país: el desempleo y la formalización del trabajo de un segmento estratégico en nuestro país, los jóvenes.

Todos los datos revelan la difícil situación por la que pasan millones de jóvenes peruanos. Por ejemplo, según el Ministerio de Trabajo el empleo informal en los jóvenes llega hasta el 78%. En otras palabras, 8 de cada 10 jóvenes trabaja en la informalidad (sin ningún tipo de derechos y condiciones laborales precarias). En tanto que la tasa de desempleo en los jóvenes es de casi cuatro veces más (8.4%) que en los adultos (2.3%) Frente a estos números, el gobierno pepekausa debe —como se dice— tomar el toro por las astas. De allí que desde este portal saludamos la iniciativa del gobierno pepekausa que busca la aprobación de una nueva ley de régimen juvenil para revertir semejante situación.

Antes de continuar, vale recordar que no es la primera vez que se intenta sacar adelante una ley de régimen laboral juvenil. En diciembre del 2014 el gobierno nacionalista promulgó la Ley N° 30228 (Ley de régimen laboral juvenil o denominada “Ley Pulpín”), sin embargo, ante las torpezas del Ejecutivo por no saber comunicar la ley de manera eficiente, el cálculo político de la oposición y las movilizaciones de estudiantes ideologizados, el Congreso derogó la referida norma en enero del 2015. De hecho, la llamada Ley Pulpín establecía que los jóvenes de 19 a 24 años pasarían a planilla, tendrían un seguro de salud (cubierto por el Estado en el caso de microempresas), vacaciones (por 15 días) y que las empresas recibirían beneficios tributarios. Los jóvenes tenían derecho a recibir media subvención cada seis meses. La norma también estipulaba que cuando el empresario terminaba la relación laboral antes del fin del contrato, el trabajador recibiría como reparación un monto equivalente a veinte remuneraciones diarias por cada mes dejado de laborar. Hoy los jóvenes —como en el caso de los fallecidos en Las Malvinas— no tienen, literalmente, nada.

Todo lo contrario a lo que sostenía la izquierda: la Ley Pulpín les abría la oportunidad de iniciar una vida laboral a aquellos que no han tenido hasta ahora esa posibilidad, por carecer de formación o capacidades.

¿Por qué es necesaria e imprescindible la promulgación de una ley para establecer un nuevo régimen laboral juvenil? Como consecuencia del desastroso modelo educativo estatista, millones de jóvenes egresados de las escuelas públicas carecen de calificaciones técnicas que les permitan obtener un empleo. Si a ello le sumamos los sobrecostos laborales que tienen que cargar las empresas, aquella posibilidad se hace mucho más remota. Esto no es una conjetura, es un hecho: el Perú tiene uno de los más altos sobrecostos laborales de la Alianza del Pacífico, y también del mundo.

Hoy el gobierno pepekausa impulsa la aprobación de una nueva ley laboral juvenil (proyecto de Ley N° 1104) en la que el Estado asumirá el costo (9%) de la afiliación de los jóvenes empleados a Essalud por un periodo de tres años. De alguna u otra manera, esta ley trata de hacer más barata la contratación formal de un empleado; aunque algunos especialistas en temas laborales indican que no supera a la Ley Pulpín, sobre todo porque esta consideraba más beneficios.

Sin embargo, creemos que el gran tema ausente en las discusiones es qué hacer para superar la informalidad laboral, y no solo la informalidad el empleo en la juventud. No se puede formalizar el trabajo juvenil con parches, se debe proponer un gran movimiento formalizador de la sociedad. ¿Puede formalizarse el empleo juvenil si la mayoría de pymes caminan con un pie en la formalidad y el otro en la extralegalidad? Es indudable que no.