Crecimiento del 2018 e impulso de reformas

Ejecutivo y Legislativo deben aprovechar expansión económica

El Banco Central de Reserva acaba de pronosticar que el Perú crecerá el 2018 en 4.2% del PBI, y que la inversión privada se expandirá en 5.3%. El MEF es menos optimista y señala que la inversión privada solo crecerá 3.5%. Pero cualquiera sea el ángulo de enfoque, todos coinciden en que en el 2018 culminará la ralentización de la economía y el país volverá por la senda del crecimiento a tasas aceptables. El motivo: los términos de intercambio comerciales mejoran significativamente porque continúa el crecimiento de Estados Unidos y China, y se consolida la recuperación económica de Europa. En este contexto, desde octubre del 2016 el precio del cobre se ha incrementado en más de 35%.

Ante esta situación surge la pregunta sobre qué hacer con el crecimiento. La expansión económica tendrá mucho que ver con el repunte del precio del mineral rojo y el ingreso de capitales; pero esos hechos también nos están indicando que existe una gran agenda pendiente a desarrollar, si pretendemos continuar creciendo a tasas altas y seguir reduciendo pobreza como en las últimas décadas. El pecado capital que podrían cometer las élites peruanas, el Ejecutivo y el Legislativo es observar con complacencia la nueva expansión económica sin entender que el Perú necesita de una segunda ola de reformas estructurales para continuar con una expansión económica sostenible.

Y no solo se trata de reformas económicas y legales, sino también de la imprescindible y urgente reforma política del país con objeto de desarrollar círculos virtuosos en la economía y el espacio público. En ese sentido, el Ejecutivo tiene la ineludible responsabilidad de liderar una reforma laboral que termine con uno de los sistemas de contratación de trabajadores más asfixiante y sobrerregulado del planeta, relanzar la reforma educativa —sobre todo la meritocracia en la escuela pública— que fue abandonada por el nacionalismo y la gestión Saavedra, emprender la reforma de salud, abordar el enorme déficit en infraestructuras y persistir en la simplificación administrativa que se inició con el pasado Gabinete Zavala.

En la otra orilla está la responsabilidad del Legislativo de liderar o proponer una gran reforma política del país, que movilice a toda la sociedad alrededor de debates de fondo: la reforma electoral, la necesidad de que el Legislativo cuente con una segunda cámara, las leyes de desarrollo constitucional que precisen los preceptos de la Carta Política acerca de las relaciones Ejecutivo y Legislativo y, finalmente, la necesidad de plantear al país un balance de la regionalización que posibilite propuestas de modificatorias y cambios centrales.

Los sectores que se proponen defender la democracia y la economía de mercado siempre deberían recordar que desde las elecciones del 2006, del 2011 y del 2016, en el Perú están en disputa las propuestas prosistema y antisistema. De alguna manera, esta situación se explica por el crecimiento y la sorprendente reducción de pobreza en la última década y media; y al mismo tiempo, el fracaso general del Estado en proveer los servicios e infraestructura necesarios, no obstante el considerable aumento de los recursos fiscales.

Las disputas entre las propuestas prodemocracia y procapitalistas con las fórmulas antisistema es una de las características intrínsecas de las sociedades de ingreso medio que, luego de una primera oleada de reformas, crecen a tasas altas y reducen pobreza considerablemente. Sin embargo, por la falta de una nueva generación de reformas, estos países se estancan y el pesimismo de las nuevas clases medias favorece a las propuestas anticapitalistas. Aceptémoslo o no, el Perú está en ese preciso momento.