Urresti y los comandos

Las distintas suertes del ex ministro y de los héroes del rescate de rehenes.

Dos hechos marcan las suertes distintas del ex ministro del Interior Daniel Urresti y de los militares de la operación Chavin de Huantar. El estado ha asumido el pago de la defensa de Urresti en el juicio por el caso Bustíos, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado que se abra una nueva investigación penal a la operación de rescate de los rehenes del MRTA.

El ministerio de Defensa ha tramitado el pedido de Urresti en virtud de su derecho a la presunción de inocencia y en cumplimiento de la ley que norma la defensa judicial de los funcionarios y servidores públicos.

Urresti presentó su solicitud el 8 de abril pasado y a partir del 6 de mayo el MINDEF asumió el pago de los abogados del ex ministro, Hay que felicitar la eficiencia y diligencia con que se ha resuelto el trámite.

Sin embargo, dichos funcionarios NO brindan la misma atención a las solicitudes presentadas desde hace más de cinco años por otros oficiales que enfrentan procesos judiciales, entre ellos los generales José Williams y Luis Alatrista, jefes de la operación Chavín de Huantar. Sus solicitudes son ignoradas pese a que la ley señala que el MINDEF debe resolver las peticiones en un plazo máximo 15 días.

Lo misma discriminación sufren militares que combatieron al terrorismo en los años 80 y 90, como los generales Adrián Huamán, José Valdivia y Emilio Murgueytio, entre otros.

¿Hay alguna directiva política para privarlos de ese derecho? ¿Es partícipe el comandante Ollanta Humala de este despropósito? ¿Cómo explicar esta discriminación evidente?

La explicación está en la política de maltrato a los militares que combatieron al terrorismo, instituida el 2000, que se traduce en el allanamiento sistemático y la NO defensa ante las acusaciones de las ONG de izquierda contra aquellos, en los tribunales peruanos y en la Corte IDH. ¿Recuerdan el caso Leonor La Rosa?

También se explica en la alienación del sistema de justicia, por obra de las ONG de izquierda. El 2002 este sistema dispuso que los comandos sean procesados por fiscales y jueces anticorrupción, acusándolos así, tácitamente, de ser parte del aparato corrupto de Montesinos.

La jueza Cecilia Pollack y el fiscal Richard Saavedra dictaron orden de captura contra los comandos, con el aplauso de Aprodeh y la prensa de izquierda. El general y comando Augusto Jaime Patiño fue enmarrocado y recluido en la Dircote, para dejar constancia de que se le consideraba “terrorista de estado”.

Los hechos reseñados nos dicen que hay desde hace más de una década una actitud hostil del estado hacia los militares denunciados por las ONG de izquierda, que continúa maquillada y que explica porque jamás se ha ejercido una defensa efectiva de los militares encausados.

También explica por qué el Poder Judicial falló a favor de los terroristas del MRTA y contra los comandos, y por qué los procuradores NO impugnaron esas dos sentencias que la Corte IDH ha invocado para fallar que el terrorista “Tito” fue asesinado durante el rescate.

La Fiscalía de derechos humanos presentará pronto -cumpliendo el fallo de la Corte IDH-, una nueva denuncia por la supuesta “ejecución” del terrorista. El juez tiene dos opciones: dictaminar otra vez a favor de Aprodeh y los terroristas, o considerar los testimonios y peritajes que prueban que “Tito” murió en combate, no asesinado.

Si resuelve igual como ha resuelto hasta ahora el sistema de justicia, contra los militares, los comandos serán llamados otra vez al proceso y probablemente terminen siendo acusados. Dieciocho años después, la vía crucis continúa para quienes el país les debe tanto. ¿Qué clase de justicia es la que solo busca la vendetta de cierta izquierda?

Por Víctor Robles Sosa

07 – Jul – 2015