Una nueva Junta de Fiscales

Es inocultable que en la actual Junta Nacional de Fiscales Supremos existe una abierta lucha intestina entre dos sectores, y que ambas tendencias están comprometidas con diversos sectores acusados por casos de corrupción, lavado de activos o narcotráfico. Es igualmente evidente que tanto Pedro Chávarry como Pablo Sánchez han sido objeto de duros cuestionamientos, situación que difícilmente dará estabilidad al Ministerio Público en los próximos tres años del mandato que establece la Ley Orgánica de este sector del sistema judicial. Prueba de ello es que en la reunión de los 34 fiscales que forman la Junta Nacional de nivel intermedio, todos ellos tomaron distancia de ambos personajes.

Como han planteado algunos constitucionalistas, la mejor salida a la crisis sería que los cinco integrantes de la Junta Nacional renuncien. Y que en el marco de una declaratoria de emergencia del Ministerio Público, los 34 fiscales designen a una junta transitoria y que esta nombre a un nuevo fiscal de la Nación, de manera transitoria, hasta que el Congreso apruebe las voceadas reformas del sistema nacional de justicia. De esta manera, como se dice, “muerto el perro muerta la rabia”, poniéndole fin a una prolongada crisis que multiplica diariamente los niveles de enfrentamiento y de desprestigio del Ministerio Público.

En cualquier entidad privada o pública, cuando en el directorio existe un enfrentamiento de la dimensión que se observa entre los cinco fiscales supremos, lo racional es que todo el nivel de dirección renuncie, dando paso a un relanzamiento institucional, una reforma y cambios en los diferentes niveles de dirección. Así ha ocurrido en otras experiencias internacionales de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, una de las mejores decisiones que tomó el primer ministro, Lee Kuan Yewel, en Singapur, fue la obligatoriedad de rotación periódica de los funcionarios públicos, entre ellos jueces y fiscales, para evitar la proliferación de mafias o grupos de poder que, a la larga, terminan por convertirse en un obstáculo para cualquier iniciativa de cambio.

En el caso peruano, existen suficientes indicios de que el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, tuvo relaciones con la mafia de “los Cuellos Blancos”; mientras que Pablo Sánchez tuvo una actuación negligente para enfrenta el caso Lava Jato. Ese solo atisbo debería ser suficiente razón para que los cinco miembros de la actual Junta de Fiscales Supremos den un paso al costado para ingresar a un momento de cambios. Apelar a un “relativismo moral” de ambos sectores enfrentados es inaceptable, por el mismo hecho de que los líderes del Ministerio Público deben dar muestras de alta probidad.

Los cuestionados fiscales supremos actuales deben recordar el artículo 1, Disposiciones Generales de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por Decreto Legislativo Nº 052, el que señala que los fiscales actúan en “representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil”. A estas alturas, el comportamiento de los fiscales supremos ya no guarda correspondencia con este artículo principista de la ley que rige su comportamiento.

La Junta de Fiscales Supremos se ha convertido en un terreno de abierta disputa entre dos bloques de la sociedad que representan a diversos intereses que buscan la impunidad o neutralizar una acción decidida y enérgica para enfrentar la corrupción. Para amplios sectores de la sociedad, este es un hecho objetivo, de evidente constatación, que hace que la dirección nacional del Ministerio Público haya mellado enormemente su autoridad. El solo hecho de que los 34 fiscales superiores, convocados por Pedro Chávarry, no le hayan expresado su respaldo ni tampoco a los otros fiscales supremos es una prueba evidente de esta pérdida de autoridad. Tanto es así que, por su propia cuenta, se han visto obligados a emitir un pronunciamiento principista, frente a la crisis actual del sistema judicial.

En este contexto, la mejor decisión que podría tomar el Congreso de la República es declarar en emergencia el Ministerio Público y obligar a una renuncia de los cinco integrantes de la Junta de Fiscales. Esto trasladaría la decisión a los 34 fiscales superiores, los que deberían designar una Junta Transitoria, mientras el Congreso aprueba la reforma del sistema judicial. A partir de ello, deberían marchar por cuerdas separadas las investigaciones que se realizan tanto al magistrado Pedro Chávarry como a Pablo Sánchez para determinar el grado de responsabilidad que tienen en los presuntos delitos que se les imputa.

La salida de los actuales magistrados cortará de plano el actual enfrentamiento existente, morigerando las tensiones y dando lugar a un momento de focalización del debate nacional. Un debate que debería estar centrado en las reformas que ha planteado el Poder Ejecutivo.