¿Se debe disolver el Gobierno Regional del Callao?

Para acabar con la corrupción en la provincia constitucional

El golpe más importante que se le debe propinar a la corrupción sistémica en el Callao es la decisión de disolver el gobierno regional en ese puerto. Así lo ha entendido el congresista Víctor Andrés García Belaunde, quien ha presentado recientemente un proyecto de ley en esta orientación. Ese gobierno regional no resiste el menor fundamento técnico ni legal para su existencia, pero en las leyes de descentralización que se dieron el año 2002, casi todas las bancadas terminaron doblegadas por el intento populista de congraciarse con el pueblo porteño. Pero lo único que lograron fue crear una descomunal burocracia que a la larga terminaría por corromperse por todos los poros.

La institucionalidad estatal del Callao es la expresión de un enfoque totalmente equivocado de la descentralización, para el caso de la capital de la República. Es inaudito que sobre una extensión de 146.98 km², un territorio menor en 25 km2 que el distrito de San Juan de Lurigancho, en diversos periodos congresales, en los últimos cincuenta años, se haya venido construyendo —a través de diversas leyes— un verdadero elefante burocrático. En ese territorio se han creado siete distritos, alguno de los cuales, como el distrito de La Punta, tiene menos de 4,000 habitantes y una extensión de menos de un km2 (¡?). Luego, se creó primero una municipalidad provincial, al poco tiempo se le dio rango de “provincia constitucional” (¡como si las demás provincias no lo fueran!) y el año 2002 se creó el Gobierno Regional del Callao.

Sobre un mismo territorio de 146.98 km2 hay siete municipalidades distritales, una municipalidad provincial y un gobierno regional. Para una población de 1.01 millones de habitantes hay aproximadamente 30,000 empleados estatales. Es decir, por cada 300 pobladores chalacos hay un empleado estatal, incluyendo otras dependencias estatales que existen en ese lugar. Tamaño privilegio —en comparación con otras regiones, provincias y distritos— pronto se tenía que expresar en los altos niveles de corrupción e ineficiencia en el gasto y los proyectos de inversión. No es casual que la actividad del propio narcotráfico y la delincuencia esté asociada a esta burocracia estatal y sus altos recursos, tan apetecibles para el lucro fácil y el mercantilismo parasitario propio de la idiosincrasia portuaria, con muy bajo espíritu emprendedor.

Una elemental racionalidad de distribución de los recursos estatales a nivel subnacional debió ponderar que era mejor que los importantes recursos que recibe el Callao, el más alto en términos per cápita en comparación con otras provincias, debían canalizarse directamente a través de sus municipalidades, en lugar de crear una frondosa burocracia regional con 49 unidades orgánicas, superpuestas y mezcladas en un territorio donde ya hay una municipalidad provincial. Un territorio donde, como se ha demostrado hasta la saciedad, creció cada año una corrupción institucionalizada, con nulos mecanismos de control, vínculos con empresas de dudosa reputación y con personajes cuestionados de la política nacional y la farándula.

Si el Congreso quiere dar un golpe mortal a la corrupción del Callao debería aprobar el proyecto del congresista García Belaunde. Pero sabemos que eso no ocurrirá. El fujimorismo, el Apra y quizá, hasta la propia izquierda se opondrán abiertamente a esta iniciativa, porque en el fondo no se atreven a ir a la raíz del problema.

Por otro lado, la audaz propuesta del parlamentario acciopopulista adolece de una debilidad. Es presentada como una iniciativa aislada de una propuesta integral de los problemas institucionales de Lima Metropolitana y el Callao. Esa iniciativa sería más integral si propone la creación de la Región de Lima Metropolitana y el Callao. En ese caso desaparecerían tanto el gobierno regional del Callao y la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero se crearían la Provincia de Callao, las provincias de Lima Norte, Lima Sur, San Juan de Lurigancho, Lima Centro y Lima Este; con el mismo rango, dando lugar también a la Municipalidad Distrital del Cercado de Lima. En esa propuesta, quien debe ejercer el gobierno de toda la capital, incluyendo el Callao, es un Gobierno Regional Metropolitano, con su gobernador y el consejo regional metropolitano. Un cambio sustancial que requerirá una reforma constitucional y otras modificaciones en las leyes de descentralización y de los gobiernos regionales.

Más allá de esta limitación, la iniciativa legislativa del popular Vitocho es loable. Forma parte de otros atisbos de cambio que asoman poco a poco en diversos espacios de Lima, para generar una reforma institucional de la capital.

Neptalí Carpio