¿Qué culpa tiene Peter Cárdenas?

Sobre la excarcelación del cabecilla del MRTA y de otros terroristas

La excarcelación de Peter Cárdenas Shulte, uno de los principales dirigentes del grupo terrorista MRTA, ha suscitado indignación y temor en los ciudadanos. Temor a que vuelva a las andadas e indignación porque hoy está claro que la pena que se le impuso no es proporcional con los crímenes que cometió. Él niega, por ejemplo, haber cometido asesinatos, pero Francisco Tudela ha revelado que Néstor Cerpa le confesó, con lujo de detalles, que él y Cárdenas, juntos, mataron al ex ministro de Defensa Enrique López Albújar, a sangre fría.

Y aún en el hipotético caso de que no hubiese participado en aquel crimen, sus demás delitos eran suficientes para que se le impusiera la cadena perpetua. En la entrevista que le dio a un canal de televisión, Cárdenas reconoció que participó en secuestros de personas y negoció el pago de los rescates. Además, en su condición de dirigente nacional del MRTA, es responsable de todas las muertes que perpetró esa organización terrorista en atentados y asesinatos.

¿Por qué, entonces, la justicia fue blanda con Cárdenas y le impuso solo 25 años de cárcel? Se preguntan hoy muchos peruanos. La respuesta es que, en el momento debido, la justicia y el estado NO fueron blandos con los terroristas. Al contrario, los cabecillas fueron condenados a cadena perpetua y sometidos a régimen carcelario de rigor, tal como lo hacen hoy todas las democracias en guerra con el terrorismo: España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, etc. Aquella legislación severa fue clave y decisiva para derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA, pero tuvo un defecto de origen que determinó su liquidación posterior, el año 2000: no fue construida sobre un acuerdo político, fue impuesta por el gobierno.

Si bien esa legislación debía ser desmontada por la razón señalada, el Ministerio de Justicia -en manos de la izquierda-, que debió preocuparse de proponer una nueva ley antiterrorista igual de efectiva pero basada en un acuerdo político, simplemente no lo hizo. Más bien adoptó una política de mano blanda y como consecuencia de ello hoy quedan en prisión unos 300 terroristas de alrededor de 3,500 que estaban presos el año 2000. Entonces empezaron a cocinarse las excarcelaciones que vemos hoy, las que ya hemos visto antes cuando salieron libres Lori Berenson o el senderista Atilio Cahuana, y las que vendrán en los siguientes años.

Lamentablemente, el estado asumió como suya esa política para los grupos terroristas, con el argumento forzado de que había que “adecuar nuestras leyes a los estándares internacionales de derechos humanos”. ¿Cuáles eran esos estándares? Hasta hoy no se sabe, pues las naciones democráticas son duras y no blandas con el terrorismo.

Lo cierto es que, con la aprobación de muchos políticos y medios de prensa que hoy protestan por la liberación de Peter Cárdenas, se anuló no solo los juicios a los terroristas sino también las pruebas actuadas en esos juicios; se les ablandó a esos delincuentes el régimen carcelario, se encargó su juzgamiento a un cuerpo especial de fiscales y jueces, y se consultó con los cabecillas la formación de la Comisión de la Verdad. Por cierto, entre los consultados estuvo Cárdenas Shulte.

Por si fuera poco, con el patrocinio del Ministerio de Justicia, se les encargó a las ONG de izquierda capacitar a los fiscales y jueces que iban a procesar los nuevo juicios. ¿Las acusaciones y penas blandas para esos criminales en los nuevos juicios fueron los “frutos” de esa “capacitación”? Se llegó además al extremo de encargarle la Comisión de Indultos del Ministerio de Justicia a miembros de ONG de izquierda que patrocinaban la liberación de presos por terrorismo, y se otorgó derechos de gracia a terroristas convictos y confesos mediante resoluciones ministeriales secretas.

Peter Cárdenas no tiene la culpa de haber sido liberado sin pagar una pena proporcional con los crímenes atroces que perpetró. La culpa es de la política de estado de mano blanda con el terrorismo que sigue vigente, la que liquidó la cadena perpetua para esos criminales (hoy solo rige para Guzmán e Iparraguirre), la que perdona sin más ni más a quienes masacraron comunidades campesinas enteras, a dirigentes populares y a miles de inocentes.

Seguirán siendo excarcelados más jefes terroristas, beneficiados con las penas benévolas que les obsequió esa política, con el silencio cómplice o el aplauso sordo de quienes dicen que defienden los derechos humanos.

Por: Víctor Robles Sosa