No existe presunción de inocencia para los ministros

Más allá de las dificultades propias de la coyuntura que atraviesa el Poder Ejecutivo, que pasadas las siete de la noche de la víspera no lograba arrojar humo blanco, se han generado una serie de condiciones para que resulte poco atractivo para un profesional exitoso, en un buen momento de su carrera, aventurarse a aceptar un puesto de responsabilidad en la primera línea del sector público. No se si la situación creada es fruto de una concatenación de desatinos o es la consecuencia eficaz del planeamiento de los enemigos del sistema democrático. Las cadenas son tan fuertes como el más débil de los eslabones que las conforman, y bien puede ser un aprovechamiento inteligente de las características de los conflictos de cuarta generación para destruir la capacidad de sucesión en el liderazgo de las organizaciones democráticas.

Aún recuerdo el retorno a la democracia, tras doce años de dictadura militar. Aun con la economía destruida y la función pública venida a menos como actividad entre las élites profesionales y sociales, nadie consideraba disparatado aceptar una cartera. Continuó siendo así durante el desenfrenado primer alanismo y durante toda la gestión de Alberto Fujimori, etapa esta última en la que (como antaño) llegó incluso a ser socialmente bien visto y económicamente atractivo.

Con la arremetida mediática para derrocar el re-reelecto gobierno de Alberto Fujimori, se generó una costosa y duradera onda expansivas que produjo (en muchos casos injustamente) numerosas bajas colaterales e instaló un mal del que hasta hoy no conseguimos librarnos. La prensa, contenida con palo o comprada con zanahoria por el Doc, había probado sangre y le gustó; a partir de entonces destruir honras de un político (si es ministro vale más puntos) se volvió el más popular juego de los noveles conductores y escribidores (llamarlos periodistas es una ofensa a las reales glorias de esa loable profesión).

Con el advenimiento de las redes sociales, el chisme y la difamación adquirieron estatus y se volvieron creíbles a fuerza de repetición. El respeto a la privacidad pasó a ser anticuado y la responsabilidad se extendió como chicle: si el primo desconocido del sobrino del ministro manejó ebrio, la culpa es del ministro. Hoy no existe la presunción de inocencia para ministros o congresistas, la sola juramentación trae la inmediata presunción de inmundicia, cortesía de la prensa y las redes.

Por si lo expuesto fuera poco, el sistema financiero los llama eufemísticamente “peps” y los convierte en leprosos de tiempos bíblicos. Existen incluso normas legales que permiten o facultan colocar a todo político en ejercicio en calidad oficial de apestado. En algunos países, como EE. UU., se ordena por default cerrar las cuentas de políticos o expolíticos. Se les exige comprensible exclusividad y se les ofrece una remuneración ostensiblemente menor al promedio para responsabilidades similares o menores en el mercado privado, lo que aleja la necesaria tranquilidad de juicio y los vuelve vulnerables a suplementaciones, no necesariamente ilegales pero nunca gratuitas.

Para conocer un sector deben tener experiencia en él, lo que de inmediato es calificado de interés contrapuesto. Y si al terminar su período desean recuperar el tiempo aplicando lo aprendido, tienen impedido trabajar en el sector. ¿Se les ocurre algún desincentivo adicional?