Elizabeth Zea Marquina

La Informalidad cotidiana

La Informalidad cotidiana
Elizabeth Zea Marquina
27 de junio del 2017

Crece gracias a la ceguera de las autoridades

La pérdida de dos trabajadores jóvenes en la tragedia desatada por el incendio ocurrido en las Galerías Las Malvinas desenmascara la existencia de la esclavitud laboral. A ella están más expuestos miles de jóvenes que aceptan trabajar en condiciones infrahumanas en las sombras de la informalidad, porque lo único que interesa a los empleadores es lucrar y incluso violando las normas, bajo la ceguera intencional de las autoridades.

Informalidad en el funcionamiento: escuchar al alcalde de Lima “excusarse” en la “idiosincrasia peruana” es realmente increíble. Acaso no alcanza a ver las planchas de metal corrugado que hacía las veces de containers en los pisos superiores? Cuántas veces habrá pasado por el lugar y no se preguntó ¿Cómo diablos llegaron esas planchas de metal ahí? ¿Alguna vez se habrá cuestionado cómo es posible que personas trabajen dentro de esos armazones, sin conductos de aire? Acaso Defensa Civil calificó alguna vez esos lugares como seguros? Eso es tan inverosímil como que estas empresas hayan operado con licencia de funcionamiento.

Informalidad laboral: En los últimos 25 años el Perú se ha caracterizado por ser una economía de una informalidad casi institucionalizada. La ineficacia regulatoria lleva a los microempresarios a considerar onerosos e inviables los procedimientos de formalización. De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), la informalidad laboral alcanza el 70%; pero también se encuentra entre las empresas formales, alcanzando un 25%. A pesar que estas cifras no llegan a condicionar el crecimiento económico, si acarrean sobrecostos a largo plazo en cuanto a la contratación de mano de obra inexperta, que retrasa o baja la calidad de la producción.

Gran parte de la lucha contra la informalidad la representa las labores de inspección y de sanción que debe emprender Sunafil de oficio, para lo cual debe contar con acceso a información sistematizada y descentralizada de las fiscalizaciones realizadas por los municipios a centros laborales, además de la información de los infractores tributarios de la Sunat. Porque donde hay un centro laboral sin las condiciones mínimas para operar, se puede presumir la existencia de un foco de informalidad laboral.

La otra gran acción recae en manos del Ministerio Público y la formalización inmediata de las denuncias de las que tome conocimiento; sobre todo aquellos casos que puedan configurar exposición al peligro, homicidio culposo agravado y todo aquello que signifique la posible vulneración del derecho a la vida, la integridad física y la salud de las personas. En esta línea, el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de hacer el seguimiento de los casos hasta lograr que, en la vía judicial, se apliquen las sanciones drásticas que ameritan.

De otro lado, es momento de pensar en la prevención de la informalidad. La eliminación de las barreras burocráticas en los procesos de formalización, sobre todo cuando se trata de empresas que han estado en el ámbito de la informalidad por más de diez años, con periodos de prueba que se ajusten a la naturaleza de la actividad económica. Más allá de los consabidos beneficios tributarios, se debe trabajar en la flexibilización regulatoria. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi debe comenzar a trabajar en sistemas de medición del impacto regulatorio de normas laborales y de formalización.

Ya no es tiempo de lamentarnos ni de tirarnos la pelota para ver quien la esquiva mejor. Es momento de detener la informalidad de todos los días.

Elizabeth Zea Marquina

Elizabeth Zea Marquina
27 de junio del 2017

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