La agenda perdida

Reflexiones sobre  las facultades y atribuciones de los alcaldes y presidentes regionales

Campañas como la que termina hoy no deben volver a repetirse. Más allá de lo predecible de los resultados del domingo, principalmente en Lima, queda una sensación de repensar seriamente las facultades y atribuciones que tienen los alcaldes y presidentes regionales en sus jurisdicciones para frenar inversiones cruciales en el país. Quienes pretenden gobernar un Municipio no tienen control absoluto sobre lo que han ofrecido a sus electores, mientras los que aspiran a administrar una región cruzan una delgada línea que, dependiendo de sus antojadizos postulados ideológicos, los coloca de igual a igual con el mismísimo presidente de la República.

En el caso de las municipalidades, es una tremenda falacia que éstas puedan cautelar por la seguridad de sus vecinos. Pero hemos escuchado a candidatos referirse al asunto como si, de llegar al poder, pudiesen tener la sartén por el mango. Si bien la Ley 27933, o la normativa del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, dice que los Alcaldes deben convocar un comité aparentemente preocupado por la delincuencia, estos Alcaldes no tienen control sobre la Policía. Apenas pueden ordenarle al Serenazgo, sin armamento y sin poder apresar a nadie, apenas preventivamente, que haga acto de presencia en zonas críticas del radio que gobiernan, y esperar la buena fe del comisario, que no tiene por qué hacerle caso al Alcalde, pues sabe bien que su jefe político es el Ministro. Y lo más grave es algo que esa misma norma contempla, pero que ningún candidato en Lima comenta: un plan para las viviendas de los cerros ante un sismo de grado 9. Solo en Lomo de Corvina son cinco mil familias; cuánta irresponsabilidad de los postulantes. Aquí otra ausencia de esta campaña: con la Lima de las alturas hay que ir más allá de las escaleras.

Pero lo más patético es escuchar a los candidatos distritales. Se llenan la boca con ofertas que no podrán cumplir o les tomará mucho iniciar. Aquí el problema es de fondo. La necesidad de unir distritos en Lima es urgente. Un abrumador 79% de la encuesta del poder está de acuerdo con las macrorregiones y los macrodistritos. Hay que desterrar la lógica de la parcela. Pensemos en juntar Jesús María con Lince y Breña, San Isidro con Magdalena y Pueblo Libre (así acabamos con un conflicto absurdo que lleva décadas), Miraflores con Barranco, Surquillo con San Borja, Independencia con San Martín y así. Hay que dar coherencia al espacio urbano y reducir burocracia. Un Alcalde debe gobernar más de 4 km2 y tomar decisiones de impacto en sectores estratégicos de la ciudad, no solo de algunas cuadras. Y si vemos el mapa completo, se debe reabrir el debate de las macrorregiones. Una reciente encuesta reveló que Lambayeque sí quiere juntarse con Cajamarca; Ucayali y San Martín con Loreto; mientras Huánuco y La Libertad ven con buenos ojos a Áncash. Tampoco se ha discutido la propuesta de conformar la región Lima-Callao. No es posible que ciudades tan activas en el desarrollo del país se den la espalda, cuando en la práctica tienen necesidades comunes y complementarias. Sin embargo, a partir del 6 de octubre, la realidad regional será siniestra y querrá dividir aún más el país: seis probables presidentes regionales pretenden activar una agenda desestabilizadora para la economía y para nuestro futuro. Los partidos tienen la palabra.

Por Jaime Chincha R.
(3 Oct 2014)