IMPERATIVOS PARA UNA LEGISLACION ANTIMONOPÓLICA

 La mayor parte de los países industrializados tienen leyes antimonopólicas

Algunos defensores dogmáticos del modelo económico que rige en el Perú desde inicios de la década de los noventas se han sorprendido por las declaraciones de PPK, en el sentido de que el Perú requiere con urgencia una ley contra los monopolios. Sucedió lo mismo cuando el economista invocó la necesaria creación de un Banco Minero, de iniciativa estatal, para promover la formalización de la minería informal. Algunos sectores creen que la existencia de monopolios no afecta a una economía de libre mercado, cuando eso es completamente falso.

La legislación antimonopólica no es creación originaria de los socialistas, sino de los liberales; se inició en los Estados Unidos, con el llamado “antitrust” creado para combatir la excesiva concentración económica en el comercio. En la actualidad, la mayor parte de los países industrializados y algunos países en desarrollo tienen leyes antitrust. La primera ley federal antimonopólica fue aprobada por el Congreso norteamericano en 1890.

El enfoque antimonopólico, en todos los países que tienem una normativa avanzada en este campo, se orienta a sancionar o establecer prohibiciones a las siguientes actividades económicas: 1) Los acuerdos horizontales entre competidores; 2) Los acuerdos verticales entre compradores y vendedores; 3) El abuso de una posición dominante; 4) Las fusiones de empresas grandes para controlar el mercado. Toda esta legislación se organiza bajo la premisa de que el comercio libre beneficia tanto a consumidores, empresas y a la economía en general.

El Perú se encuentra bastante retrasado en este ámbito. Y hay varias áreas de nuestra economía en las que predomina la concentración económica y la posición abusiva de dominio en perjuicio de los consumidores y los pequeños y medianos empresarios. El caso del abuso de posición de dominio de la industria farmacéutica, en el sector privado, y el monopolio de Petroperú sobre la comercialización de los combustibles, desde el ámbito estatal, son solo dos muestras de la necesidad que la nueva representación nacional tiene de aprobar una ley antimonopolios.

En el caso de la industria farmacéutica, existe un grupo económico que cada cierto tiempo emprende una guerra legal contra el Estado para seguir dominando el millonario mercado de los biofármacos: medicamentos de última generación para tratar enfermedades crónicas como el cáncer. En los últimos años Roche, Pfizer, Abott, Bristol, Lilly y Merck, entre otras empresas agrupadas en la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE), demandan al Ministerio de Salud y bloquean el ingreso de medicinas similares a las que ellos producen, con el argumento de que son peligrosas. Sin embargo, los intentos de reglamentación para abaratar los costos de los medicamentos ya existentes son muy timoratos y no tienen un marco legal nacional donde ampararse. Diez laboratorios transnacionales dominan el mercado y han sido acusados de prácticas monopólicas.

En el caso de los combustibles, la política de precios que establece Petroperú actúa en la práctica como un monopolio, y el Estado la exonera de estar regulada por el FENAFE. Para colmo, tiene una reglamentación de contrataciones propia, como privilegio especial. Incluso, desacatando el rol de el Organismo de Supervisión de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), se perjudica a los consumidores cuando la empresa estatal vende los combustibles por encima del precio del mercado, hasta en un 25% o 30%. Se ha llegado incluso a subsidiar a la empresa estatal REPSOL, la cual vende, por conveniencia, los combustibles en el mismo rango de precios que fija la empresa estatal.

El último intento fallido para avanzar en la aprobación de una legislación antimonopólica —a propósito de la compra de Backus (SABMiller), que ahora controla el 99% del mercado cervecero— lo protagonizó el actual congresista Jaime Delgado. El parlamentario propuso un proyecto, en este sentido, en abril del 2012. La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó un texto, el cual fue complementado con el aporte de INDECOPI; sin embargo, nunca hubo voluntad de someterlo a debate en el pleno.

Sinceramente, no creo que la mayoritaria bancada del fujimorismo, recientemente electa, tenga la voluntad de aprobar una norma sobre este tema. Es, entonces, un ámbito donde la predica de PPK puede tener una significativa audiencia, liderando un perfeccionamiento del actual modelo económico.

Neptalí Carpio